TEXTO Y FOTO: ESTHER CONSUEGRA

ZACATECAS, ZAC.- El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la reforma al ISSSTEZAC representa un precedente histórico para la defensa de los derechos adquiridos de jubilados y pensionados, así como la apertura de posibles responsabilidades administrativas, políticas y constitucionales para autoridades estatales y legisladores, sostuvo el abogado Jorge Rada Luévano.

En entrevista, el litigante calificó como positivo el fallo del máximo tribunal, “estamos evidentemente muy contentos, de alguna forma sorprendidos por la defensa que hicieron algunos ministros y ministras para declarar inválida o inconstitucional la reforma”, expresó.

Rada Luévano, quien llevó el amparo de cientos de jubilados y pensionados, explicó que el proyecto original “venía en un sentido primeramente para validar la reforma y en el camino fue modificado bajo la presión que se generó en el sector social”.

Detalló que el despacho De la Peña Rivera, representado por Guillermo Rivera Milán y asociados, presentaron “más de 600 anexos y el original de la amicus curiae”, en los que se advirtieron los efectos negativos de la reforma, particularmente “la vulneración de la independencia y la autonomía de los institutos” y el carácter regresivo en los derechos de jubilados y pensionados.

Subrayó que la ministra Loretta Ortiz, quien inicialmente validaba la reforma, “la modificó totalmente”, lo que derivó en un cambio sustancial del proyecto.

Rada Luévano afirmó que la Corte desestimó la narrativa gubernamental de crisis financiera al detallar que los ministros señalaron -dijo- “que no se puede hablar de crisis ni de quiebra porque evidentemente es una responsabilidad del Estado”.

Recordó que, bajo ese argumento, se recalcularon pensiones y se suspendieron pagos a quienes no aceptaron reducciones, “hay gente que duró más de dos años sin pago de pensión y eso es totalmente violatorio de derechos humanos”.

El abogado destacó que el Plan Estatal de Desarrollo contemplaba acciones para sanear las finanzas del instituto; sin embargo, “caso contrario se implementaron acciones en contra de los jubilados y los pensionados”. Añadió que cientos de sentencias de jueces de distrito confirmaron la inexistencia de un documento que acreditara una crisis financiera, por lo que calificó la política aplicada como “inconstitucional y agraviante”.

Asimismo, advirtió que el fallo genera responsabilidades para la Junta Directiva del ISSSTEZAC, integrada por la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración, la dirección del instituto, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría. También señaló al Poder Legislativo, al recordar que la 64 Legislatura aprobó una reforma “que ni siquiera estudiaron”.

Rada Luévano enfatizó que el daño no fue sólo institucional, sino patrimonial, “podemos considerar que al principio de la administración si se equivocaron pudieron haberlo remediado, pero no siguieron durante diversos años… con sentencias de los jueces de distrito donde los multaron; hay expedientes donde el monto de las multas es más alto que lo que tenían que pagar. Eso es un daño patrimonial no únicamente al ISSSTEZAC sino al Estado”.

Finalmente, sostuvo que deberán revisarse los casos de desincorporación de ayuntamientos e instituciones que, con base en esa narrativa, retiraron derechos de seguridad social a trabajadores, “esto se tiene que retrotraer”, concluyó, al señalar que el fallo de la Corte cierra el argumento de la supuesta crisis y obliga a restituir derechos vulnerados.