ZACATECAS, ZAC.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Teresa López García, acusó que el dictamen para la desincorporación del Hotel Parador avanzó mediante negociaciones políticas dentro del Congreso del Estado y cuestionó la actuación de legisladores de Movimiento Ciudadano durante el proceso.

La legisladora informó que la Comisión Permanente continúa revisando el expediente y adelantó que la próxima semana podría convocarse a un periodo extraordinario para someter a votación la desincorporación del inmueble y su eventual transferencia al Gobierno del Estado.

Explicó que, durante el análisis del dictamen, la comisión recibió al director del Issstezac, personal de la Secretaría de Finanzas y a integrantes del consejo que avaló la propuesta, con el propósito de conocer los argumentos técnicos y financieros relacionados con el proyecto.

No obstante, López García afirmó que el dictamen fue aprobado únicamente con el respaldo de dos legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, pese a que la comisión está integrada por seis diputados.

"Solo con dos votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo pasó el dictamen; somos seis integrantes de la comisión y aquí hubo negociaciones. Por eso siempre preguntamos quién sale, quién entra o quién no llega a las sesiones."

La diputada calificó como "muy sospechosa" la postura de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Marco Vinicio Flores Guerrero y Ana María Romo Fonseca, respecto al proceso relacionado con el Hotel Parador.

"Es muy sospechoso cómo han actuado. Se han dedicado a negociar desde la Mesa Directiva hasta la llamada Ley Santos."

López García sostuvo que la forma en que se han tomado las decisiones dentro del Poder Legislativo genera dudas sobre la independencia de algunos votos y añadió que los hechos observados durante el proceso alimentan esas sospechas.

Las declaraciones se producen mientras continúa la discusión sobre la desincorporación del Hotel Parador, tema que permanece en análisis dentro del Congreso y que se suma a las diferencias políticas registradas durante la aprobación del presupuesto estatal, cuya discusión se prolongó durante 45 días.