ZACATECAS, ZAC.- “La función de un órgano de control no consiste en atacar al denunciante. Consiste en investigar objetivamente la denuncia”, sostuvo el abogado Jorge Rada Luevano, al advertir que la crisis del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) ha dejado de ser exclusivamente financiera y acumula implicaciones políticas, jurídicas y sociales.

A través de sus redes sociales, el litigante cuestionó las decisiones tomadas durante la actual administración estatal frente al deterioro financiero del organismo y planteó que las autoridades conocían la problemática desde el inicio del sexenio.

Recordó que el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, publicado el 25 de diciembre de 2021, identificó al sistema pensionario como uno de los principales riesgos para las finanzas públicas y planteó la transformación del ISSSTEZAC para garantizar su viabilidad.

Rada Luevano señaló que, pese a ello, el conflicto derivó en miles de juicios de amparo promovidos por pensionados y jubilados, así como en suspensiones, sentencias, requerimientos, multas y procedimientos de ejecución.

Como antecedente jurídico, destacó que en enero de 2024 un Tribunal Colegiado de Zacatecas estableció que procede la suspensión provisional frente a la omisión del ISSSTEZAC de pagar el aguinaldo a pensionados, al considerar esta prestación como un complemento indispensable de la pensión.

Asimismo, señaló la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 12 de enero de 2026, dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024, relacionada con la reforma al sistema pensionario estatal. La Corte analizó, entre otros aspectos, disposiciones que condicionaban el cumplimiento de obligaciones del ISSSTEZAC a su capacidad financiera.

Otro punto señalado por el abogado es la iniciativa presentada en junio para entregar el Hotel Parador al Gobierno del Estado mediante una dación en pago. El inmueble fue valuado en 364.3 millones de pesos y el adeudo señalado entre el Instituto y el Ejecutivo asciende a 315 millones, correspondientes a recursos transferidos durante 2024 y 2025.

La Legislatura finalmente aprobó la desincorporación con 15 votos a favor y 14 en contra, aunque posteriormente un juez suspendió provisionalmente la entrega del inmueble.

Rada Luevano sostuvo que la ruta presupuestaria, contable y patrimonial de esos recursos debe ser auditada para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, responsabilidades administrativas o penales.

Finalmente, anunció que prepara acciones jurídicas ante autoridades nacionales y documentación para recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que el problema del ISSSTEZAC ya rebasó el ámbito financiero y compromete el cumplimiento efectivo de derechos reconocidos judicialmente.