ZACATECAS, ZAC.- La diputada federal del PAN, Noemí Luna, cuestionó la publicación de la reforma a la Ley Electoral del Estado y llamó a los partidos políticos con representación en el Congreso local a promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La legisladora sostuvo que la modificación al artículo 25 puede afectar los principios de pluralidad, equidad y representación política. También criticó que el gobernador David Monreal Ávila no ejerciera su facultad de veto antes de la publicación de la reforma.

“Es lamentable que el Gobernador no haya sido un contrapeso y permitiera la publicación de una reforma que puede distorsionar la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, señaló.

La modificación fue aprobada el domingo 16 de agosto durante una sesión extraordinaria del Congreso local. Establece una nueva fórmula para distribuir las 12 diputaciones de representación proporcional, mediante mecanismos como cociente natural y resto mayor, además de nuevos límites de representación para el proceso electoral de 2027.

Luna rechazó el argumento de que el nuevo modelo busca aumentar la competencia y abrir espacios a candidatos que obtengan segundos lugares. Señaló que la fórmula únicamente contempla a seis de los llamados “mejores perdedores”, situación que, desde su perspectiva, podría afectar a municipios con menor número de votantes.

“Si realmente quisieran que llegaran los segundos lugares, estaríamos hablando de las 12 diputaciones plurinominales, es decir, de una representación de las primeras minorías, como sucede en el Senado. Aquí solamente se considera a los seis mejores perdedores, lo que podría dejar fuera a municipios pequeños y con menor votación, al impedir que tengan representantes”, explicó.

La diputada presentó el martes un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar al Ejecutivo estatal que vetara la reforma. Sin embargo, señaló que su publicación este miércoles dejó sin efecto esa posibilidad.

Ante este escenario, Luna planteó recurrir a la SCJN para que determine la constitucionalidad de las modificaciones antes de su aplicación en el proceso electoral de 2027.