ZACATECAS, ZAC. - La falta de recursos para la homologación salarial y la incertidumbre sobre el incremento correspondiente a 2026 colocaron al sector de educación media superior al borde de un conflicto nacional.

La Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS) advirtió que, si el Gobierno Federal no ofrece una respuesta antes del próximo 1 de septiembre, los trabajadores podrían suspender labores en planteles de ocho subsistemas educativos de todo el país.

La medida afectaría a más de 135 mil trabajadores y a una matrícula superior a los 2 millones de estudiantes, en una movilización que, de concretarse, paralizaría las actividades académicas en prácticamente todo el país.

Lucio Cuauhtémoc Mendoza Amaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (SITCECYTEZ) y presidente de la FEMESCECYTE, dejó claro que el reclamo no está dirigido contra el Gobierno de Zacatecas, sino contra las autoridades federales responsables de liberar los recursos y definir la política salarial.

“La problemática es federal, no estatal. Los estados están impedidos para cumplir con su parte mientras la Federación no radique los recursos y emita los anexos correspondientes”.

300 MILLONES DE PESOS, SIN RADICAR

El conflicto tiene como uno de sus principales puntos la bolsa de 300 millones de pesos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, recursos gestionados por el FNSEMS ante la Cámara de Diputados para impulsar procesos de homologación y renivelación salarial del personal docente.

Sin embargo, de acuerdo con la dirigencia sindical, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha concretado la radicación de estos recursos ni se han emitido las convocatorias y anexos necesarios para armonizar el presupuesto con las entidades federativas.

Esta situación mantiene detenida la participación de los gobiernos estatales, que deben aportar el 50 por ciento de la contraparte correspondiente.

A la falta de recursos se suma otro reclamo: mientras trabajadores de educación básica ya recibieron el incremento salarial de este año y el pago retroactivo, el personal de educación media superior continúa sin conocer oficialmente cuál será el porcentaje que le corresponde.

“En educación básica ya se pagó el incremento y el retroactivo; en media superior ni siquiera tenemos la cifra oficial. No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo que se cumplan los acuerdos y se respete a los trabajadores”, destacó.

LLEVAN EL RECLAMO HASTA PRESIDENCIA

La presión sindical escaló este 10 de agosto con la entrega de un oficio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

La Comisión Ejecutiva del FNSEMS calificó como lamentable la falta de respuesta y de audiencia por parte de la SEP y de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), particularmente para dar seguimiento a los acuerdos relacionados con la distribución de los 300 millones de pesos.

Los trabajadores sostienen que existen compromisos previamente establecidos en mesas de trabajo, por lo que consideran injustificable que, a estas alturas, no haya avances concretos.

Ante lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos y una falta de atención a la representación sindical, el Frente anunció una jornada nacional de lucha que contempla movilizaciones y, como medida de mayor presión, el paro de labores a partir del 1 de septiembre.

“Estamos agotando las vías institucionales. Si no hay una respuesta favorable, vamos a actuar con unidad. Lamentamos las afectaciones que esto pueda generar a los estudiantes, pero también tenemos la obligación de defender los derechos laborales y la dignidad de nuestros compañeros”.

ZACATECAS TAMBIÉN ENTRARÍA AL PARO

En Zacatecas, el impacto alcanzaría directamente al CECYTEZ, donde alrededor de 600 trabajadores agremiados suspenderían actividades y se afectaría la continuidad académica de aproximadamente 9 mil estudiantes.

La dirigencia sindical insistió en que la intención no es perjudicar a la comunidad estudiantil, pero advirtió que la falta de respuestas podría llevar el conflicto hasta las aulas.

El plazo está marcado: 1 de septiembre. Antes de esa fecha, los sindicatos esperan una intervención directa de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Educación Pública que permita destrabar los recursos, definir el incremento salarial y evitar que el conflicto escale hasta convertirse en un paro nacional.