ZACATECAS, ZAC.- La tensión en el sector salud de Zacatecas ha ido en aumento después de que la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) anunciara medidas de presión debido al retraso en el pago del programa estatal de profesionalización. Si el pago no se realiza este viernes, se prevé un paro de brazos caídos en 12 hospitales y la continuidad del cierre de oficinas de recaudación.

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39, aseguró en conferencia de prensa que el programa de profesionalización es una prestación laboral legítima, respaldada por convenios y lineamientos federales desde 2016. Rechazó las afirmaciones de las autoridades que han calificado el programa como “ilegal” y aclaró que el costo real asciende a 51.4 millones de pesos anuales, mucho menos que los 200 millones que mencionó el gobierno. Según Castorena, se trata de un incentivo compensatorio y no de la creación de nuevas plazas.

Hasta el momento, se ha cubierto el pago a 390 trabajadores, pero 300 permanecen pendientes, entre ellos 288 enfermeras y 12 trabajadoras sociales que han cumplido con los requisitos del programa. Castorena explicó que existe una corresponsabilidad entre el Gobierno del Estado y el IMSS-Bienestar para cumplir con esta prestación, según los convenios modificatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación.

La dirigente sindical también señaló que, durante la transición hacia el IMSS-Bienestar, la subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud omitió reportar correctamente el programa, lo que ahora se utiliza como pretexto para desconocer derechos adquiridos. El sindicato propuso que el pago se financie a través del programa federal U013, destinado a remuneraciones del personal asistencial, sin afectar la estructura laboral existente.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que el estado ha estado trabajando en un acuerdo con la Federación y que las mesas de negociación “van por buen camino”. Insistió en que la solución no depende únicamente del gobierno estatal y pidió al sindicato permitir la apertura de Ciudad Administrativa, advirtiendo que el cierre del complejo genera afectaciones financieras a la población.

La situación refleja el complejo desafío de equilibrar la gestión de recursos con la garantía de derechos laborales en el sector salud. Mientras el sindicato reclama un cumplimiento inmediato, el gobierno insiste en la necesidad de una coordinación con la Federación para resolver el conflicto, dejando en espera a cientos de trabajadores que dependen de estos recursos para su sustento.