CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal Ulises Mejía Haro respaldó la reforma a la Ley del Infonavit, iniciativa que busca fortalecer el acceso a la vivienda digna de los trabajadores en el país.

La reforma otorga nuevas facultades al Infonavit, permitiéndole participar en la construcción de vivienda en coordinación con actores públicos, privados y sociales para ofertar viviendas a menor costo. Además, regula la figura del arrendamiento social, con la cual los trabajadores podrán acceder a viviendas con rentas accesibles y con la opción de compra, priorizando a sectores vulnerables como madres solteras, jóvenes y trabajadores de bajos ingresos.

“Con esta reforma garantizamos que el Infonavit no sólo otorgue créditos, sino que también pueda desarrollar vivienda adecuada, reactivar la economía y generar empleos en el sector de la construcción”, afirmó Ulises Mejía Haro.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de una empresa filial del Infonavit, que tendrá como propósito la construcción de vivienda con un enfoque social y sin fines de lucro. Su objetivo será materializar el derecho a la vivienda adecuada y eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a este derecho, especialmente para quienes no cuentan con el ahorro suficiente para un crédito tradicional.

Además, la reforma establece mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas para evitar discrecionalidad en la administración de los recursos y asegurar que el Infonavit cumpla con su mandato constitucional de fortalecer la oferta de vivienda para las y los trabajadores.

Esta reforma no solo beneficiará a los trabajadores y sus familias, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía nacional. La participación del Infonavit en la construcción de vivienda permitirá la reactivación del sector de la construcción, generando empleos y fortaleciendo el desarrollo urbano y territorial en diversas regiones del país.

Asimismo, se prevé que los nuevos esquemas de arrendamiento social faciliten el acceso a la vivienda a miles de familias, sin que esto represente una carga económica excesiva para ellas. La renta mensual no podrá exceder el 30% del salario de los trabajadores, garantizando así su asequibilidad y evitando el endeudamiento excesivo.