ZACATECAS, ZAC.- La LXV Legislatura aprobó por unanimidad solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) reforzar la investigación, vigilancia y coordinación institucional en retenes y puntos de revisión instalados en carreteras federales, particularmente sobre la carretera federal 49, en las inmediaciones de la localidad de Rancho Grande, Fresnillo.

El Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado, refiere reportes sobre posibles actos de extorsión, cobros indebidos y despojo contra usuarios de esta vía.

Durante la jornada legislativa también se aprobaron por unanimidad dos exhortos y se presentaron 10 iniciativas, además de 13 dictámenes correspondientes a cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024.

Entre las propuestas, Marco Vinicio Flores Guerrero planteó reformar la Constitución estatal para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) se convierta en dependencia del Poder Ejecutivo, con designación directa de su titular y posibilidad de veto del Legislativo, además de conservar autonomía técnica y presupuesto público.

Ana María Romo Fonseca propuso regular las terapias intravenosas con fines estéticos y establecer requisitos sanitarios para su aplicación. También promovió un exhorto al Congreso de la Unión relacionado con los límites constitucionales a jubilaciones y pensiones de entidades públicas, aprobado por unanimidad.

Georgia Fernanda Miranda Herrera presentó reformas para actualizar las facultades de investigación y persecución de la extorsión cometida mediante tecnologías digitales, mientras Oscar Rafael Novella Macías propuso incorporar medidas contra el grooming, captación digital, explotación sexual en línea y ciberacoso, además de tipificar la captación digital de menores.

María Dolores Trejo Calzada planteó reconocer el derecho de los trabajadores del servicio público a la desconexión digital fuera de su jornada laboral, mientras Ruth Calderón Babún propuso tipificar la pederastia en el Código Penal estatal, con penas de nueve a 18 años de prisión.

La Asamblea también recibió la iniciativa Cero Deuda, enviada por el Poder Ejecutivo, que propone prohibir nueva deuda pública estatal y municipal, salvo excepciones como desastres naturales, emergencias sanitarias y crisis económicas severas.