ZACATECAS, ZAC.- En medio de tensiones entre concesionarios y autoridades, el Gobierno de Zacatecas autorizó un incremento a la tarifa del transporte público que entrará en vigor a partir del 1 de mayo, aunque menor al solicitado inicialmente por los transportistas.

Tras una reunión clave, el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, confirmó que el ajuste responde a un análisis técnico y social que buscó equilibrar la viabilidad del servicio con la economía de los usuarios. La propuesta original contemplaba un aumento de tres pesos, pero finalmente se acordó aplicar solo una tercera parte.

“Se priorizó en todo momento el impacto en la economía familiar sobre la petición inicial presentada por los transportistas”, subrayó el funcionario, al destacar que la decisión fue producto del diálogo con los concesionarios.

Con este ajuste, la tarifa general pasará de 10 a 11 pesos, mientras que la preferencial subirá a 8 pesos, es decir, un incremento de 50 centavos. Reyes Romo enfatizó que el acuerdo representa un punto medio entre las exigencias del sector y la capacidad de pago de la población.

“Se acordó solamente un ajuste de la tercera parte de la petición inicial, que era de 3 pesos”, puntualizó.

Además del incremento, el gobierno estatal anunció medidas complementarias, entre ellas el eventual regreso de la condonación del pago para personas con discapacidad, una vez que se definan los mecanismos operativos. Asimismo, se adelantó la reactivación de las rutas 5 y 7, que anteriormente brindaban servicio en el centro histórico, en respuesta a las demandas ciudadanas.

“También se determinó realizar los trámites correspondientes para reactivar rutas que atiendan la demanda de los usuarios y darles su mantenimiento”, agregó el subsecretario.

El ajuste tarifario ocurre en un contexto de presión por parte de los concesionarios, quienes argumentan el aumento en los costos operativos, mientras que usuarios han manifestado preocupación por el impacto en su gasto diario. La medida busca, según autoridades, evitar un deterioro mayor del servicio sin trasladar completamente el costo a la ciudadanía.