ZACATECAS, ZAC.- La LXV Legislatura de Zacatecas avanza en la creación de una nueva Ley de Búsqueda de Personas, con la que se pretende ampliar las facultades institucionales, fortalecer la coordinación entre autoridades y colectivos, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y establecer obligaciones específicas para la atención de personas desaparecidas, incluidos los casos de larga data.

La diputada Isadora Santivañez Ríos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de las comisiones unidas, e impulsora del proyecto de ley -explicó que- en dichas comisiones analizan el proyecto, al señalar que inicialmente el Poder Ejecutivo propuso reformar la legislación vigente; sin embargo, el análisis técnico llevó a plantear una nueva ley.

“Lo primero respecto a la ley de búsqueda es que hacemos una nueva ley”, señaló. Explicó que los trabajos comenzaron desde los primeros meses de la Legislatura y que en las mesas técnicas participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno, Finanzas, Educación, Salud y el sistema forense, entre otras dependencias.

Posteriormente, el proyecto fue presentado a los colectivos de búsqueda y sometido a diversas mesas de trabajo con sus integrantes. Santivañez Ríos sostuvo que su participación fue indispensable debido al papel que desempeñan las familias en las labores de búsqueda.

“Los colectivos de búsquedas se meten muchísimo a las labores y acciones de búsqueda que genera la Fiscalía, de hecho, ellos las impulsan y no podíamos hacer nada sin la aprobación, sin el consentimiento y sin la valoración y validación de los mismos”, afirmó.

El dictamen ya fue aprobado por unanimidad en comisiones y, de acuerdo con la legisladora, no recibió modificaciones respecto al documento presentado. Entre sus principales propuestas se contempla la creación de una nueva área dentro de la Fiscalía, la incorporación formal de la Comisión de Derechos Humanos a las labores de búsqueda y un consejo técnico con participación de familias y colectivos para definir políticas públicas.

También se plantea un nuevo sistema estatal de registro de personas desaparecidas que pueda integrarse al esquema nacional. La medida busca mejorar el intercambio de información entre municipios y entidades, debido a que una persona reportada como desaparecida en un territorio puede ser localizada en otro.

La propuesta contempla además la participación de laboratorios privados para análisis periciales y la obligación de determinados establecimientos particulares de proporcionar información relacionada con personas desaparecidas. El planteamiento coincide con modificaciones recientes a la legislación federal, que establecen obligaciones para autoridades y particulares que poseen datos biométricos o identificativos y permiten su consulta para tareas de búsqueda, localización e identificación.

Santivañez Ríos destacó también la incorporación de distintos mecanismos de alerta, dependiendo de características como edad, género o condición de la persona desaparecida, además de la digitalización de las fichas de búsqueda.

Uno de los puntos que consideró más relevantes es la atención de casos de larga data, particularmente aquellos con más de 10 o 12 años, debido a que en el momento de las desapariciones no existían las herramientas tecnológicas y forenses disponibles actualmente.

La legisladora también reconoció que la nueva legislación implicará mayores necesidades presupuestales, debido a la creación de áreas y nuevas responsabilidades institucionales. La Secretaría de Finanzas ya realiza una valoración, aunque aún no existe una cifra oficial.

“Sí están involucrados también. Yo creo que es un tema de voluntad. Si no hubiera habido la voluntad de las dependencias, evidentemente esto no sale”, afirmó.

Como contexto, el gobierno estatal informó que durante 2025 se realizaron 443 acciones de búsqueda, frente a 195 contempladas originalmente en el programa estatal. Además, en mayo de 2026 autoridades estatales y federales presentaron a colectivos los procedimientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Datos difundidos por el Congreso local señalaron que, al cierre de marzo de 2026, el Registro Nacional reportaba 3 mil 961 personas desaparecidas o no localizadas en Zacatecas.

Ante este escenario, Santivañez Ríos sostuvo que el nuevo ordenamiento busca establecer obligaciones que no queden únicamente en reglamentos administrativos y que deban cumplirse independientemente de quién ocupe los cargos públicos.

“Yo puedo decir que esta ley va a ser la más sensible que saque esta legislatura, la más sensible y de las más trascendentales”, expresó.

La diputada indicó que espera que el dictamen sea incorporado próximamente al orden del día para su discusión y eventual aprobación por el pleno, con el objetivo de que el nuevo marco jurídico pueda servir también como sustento para solicitar recursos adicionales durante la discusión presupuestal.