ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- En sesión ordinaria del Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), las comisionadas Fabiola Torres Rodríguez, Nubia Barrios Escamilla y el comisionado Samuel Montoya Álvarez resolvieron diversas inconformidades ciudadanas relacionadas con información pública de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) y el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT).

La inconformidad dirigida a JIAPAZ fue ponencia de la comisionada presidenta Torres Rodríguez, quien explicó que la institución respondió a nueve cuestionamientos sobre su padrón de usuarios, tarifas, costos de servicios y criterios de aplicación de cuotas.

Entre los datos entregados se destacaron la evolución del padrón de usuarios domésticos desde 2009 a la fecha, fechas de actualización y desglose de tarifas por servicio medido y drenaje, así como el costo unitario del agua potable, sujeto a variaciones consultables en la publicación de tarifas. 

La comisionada destacó que, en un inicio, el solicitante se inconformó argumentando la falta de desglose anual del padrón de usuarios de 2009 a 2024 y la omisión de tarifas específicas de 2016 y 2018. Sin embargo, la institución amplió sus respuestas en vía de manifestaciones, en donde anexó tablas completas con los datos requeridos. “Constatamos que en el hipervínculo proporcionado se encuentra la información anualmente desglosada”, afirmó.

Por su parte, el comisionado Samuel Montoya resaltó la entrega del gran volumen de información de forma completa, por lo que, al haberse satisfecho todos los cuestionamientos, la inconformidad se dejó sin efecto.

En el caso de COZCYT, el solicitante presentó 20 preguntas relacionadas con riesgos legales, ética científica y convenios firmados en 2023. La inconformidad surgió respecto a la respuesta sobre las principales actividades diarias del área jurídica, que el ciudadano consideró insuficiente.

Fabiola Torres explicó que, en sus manifestaciones, el sujeto obligado aclaró que dichas actividades se derivan de su estatuto orgánico, incluyendo el análisis detallado de contratos, convenios, demandas y denuncias en las que se ha trabajado. Además, se proporcionaron enlaces con evidencia de dichas actividades. Por lo anterior, el Pleno determinó que la respuesta satisfizo la solicitud y dejó sin efecto la inconformidad presentada.

En ambas resoluciones, los comisionados destacaron la importancia de los medios de impugnación, pues se han constituido como una vía para que las omisiones de entrega de información pública sean subsanadas. “Es fundamental que los sujetos obligados cumplan con su obligación de informar y que los ciudadanos continúen ejerciendo plenamente su derecho a saber”, coincidieron.