Opinión de
Erika Macedo
COMUNICAR Y CONECTAR | LA UAZ NO ES UNA EMPRESA EN QUIEBRA NI SUS ESTUDIANTES SON NÚMEROS QUE SE PUEDEN BORRAR
Cuando una universidad atraviesa una tormenta financiera, lo último que necesita es que desde el poder le sugieran desprenderse de sus pasajeros para evitar que el barco se hunda
Cuando una universidad atraviesa una tormenta financiera, lo último que necesita es que desde el poder le sugieran desprenderse de sus pasajeros para evitar que el barco se hunda. Necesita un capitán responsable, una tripulación comprometida y autoridades dispuestas a reparar las grietas, no a reducir las oportunidades de quienes buscan llegar a buen puerto.
La crisis económica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es profunda, histórica y preocupante. Pero las recientes declaraciones del secretario de Economía del Gobierno del Estado, Jorge Miranda Castro, agregaron combustible a una discusión que necesitaba argumentos, cifras y soluciones.
El funcionario planteó reducir la matrícula y revisar la continuidad de carreras como Derecho y Psicología, al considerar que sus egresados enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral zacatecano. Posteriormente aclaró que no había propuesto cerrar esas licenciaturas, sino llamar la atención sobre su pertinencia laboral.
Sin embargo, la controversia dejó sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿desde cuándo la falta de empleos debe resolverse reduciendo las oportunidades de estudiar?
Porque si en Zacatecas faltan espacios laborales para abogados, psicólogos y otros profesionistas, el problema no necesariamente está en las aulas. También debe examinarse qué oportunidades está generando la economía estatal.
Es como culpar al árbol por no dar frutos cuando nadie se ha preocupado por cuidar la tierra.
La Universidad no puede convertirse en una fábrica donde únicamente se produzcan profesionistas según los pedidos del mercado. Su misión es mucho más amplia: formar ciudadanos críticos, investigadores, científicos, humanistas y profesionales capaces de contribuir al desarrollo social.
Zacatecas necesita ingenieros, por supuesto. Pero también necesita abogados que defiendan derechos, psicólogos que atiendan la salud mental, médicos, docentes, artistas y comunicadores.
Una sociedad no se construye únicamente con concreto, maquinaria y estadísticas económicas. También se sostiene con justicia, conocimiento, cultura y sensibilidad humana.
Ahora bien, defender a la UAZ no significa extenderle un cheque en blanco.
La institución debe asumir su responsabilidad frente a los problemas financieros acumulados durante décadas. La transparencia, la austeridad, la revisión del gasto y la rendición de cuentas no son amenazas contra su autonomía; son condiciones indispensables para recuperar la confianza pública.
El rector Ángel Román Gutiérrez ha reconocido la gravedad del panorama y planteado ajustes administrativos. Entre las cifras anunciadas destacan necesidades cercanas a 700 millones de pesos para cubrir compromisos de cierre de año, además de una deuda histórica superior a 4 mil 600 millones de pesos con el ISSSTE.
No son números menores. Son señales de una crisis que requiere cirugía financiera, no simples aspirinas presupuestales.
Pero tampoco puede ignorarse la corresponsabilidad gubernamental.
El Gobierno del Estado sostiene que ha incrementado su participación en el subsidio universitario del 21 al 32 por ciento entre 2021 y 2026. La Rectoría, por su parte, ha solicitado avanzar hacia un esquema de financiamiento paritario entre Federación y Estado.
Ambas posiciones deben discutirse con información pública, compromisos verificables y una ruta financiera de largo plazo.
Porque mientras las instituciones intercambian declaraciones, hay estudiantes que se preguntan si podrán continuar su formación, docentes preocupados por sus derechos laborales y familias que ven en la Universidad la posibilidad de construir un futuro distinto.
La UAZ no es solamente un conjunto de edificios, nóminas y presupuestos. Es una institución que forma parte de la historia de Zacatecas y de las aspiraciones de generaciones enteras.
Por eso, cualquier modificación de su oferta académica debe sustentarse en estudios serios, procesos institucionales y respeto a su autonomía.
No se puede pretender apagar el incendio financiero cerrando las puertas por donde entran los sueños de miles de jóvenes.
Las declaraciones de Jorge Miranda Castro también abren una discusión legítima sobre la relación entre educación superior y desarrollo económico. Es necesario conocer qué profesiones demanda Zacatecas, cómo evolucionará su mercado laboral y qué nuevas áreas de conocimiento deben fortalecerse.
Pero esa conversación debe servir para ampliar horizontes, no para presentar la reducción de oportunidades educativas como una respuesta sencilla a un problema complejo.
Si queremos más ingenieros, fortalezcamos las ingenierías. Si queremos mejores oportunidades para abogados y psicólogos, impulsemos una economía capaz de aprovechar sus conocimientos.
Y si queremos una Universidad financieramente sostenible, construyamos acuerdos responsables entre autoridades universitarias, sindicatos y gobiernos.
La verdadera pregunta no es cuántos estudiantes le sobran a la UAZ, sino cuántas oportunidades le faltan a Zacatecas.
Porque una universidad pública no es una carga que deba aligerarse sacrificando generaciones.
Es una inversión social que debe administrarse con responsabilidad, defenderse con argumentos y fortalecerse con decisiones.
Al final, sería una contradicción dolorosa que, en nombre del desarrollo económico, termináramos debilitando una de las instituciones encargadas de preparar a quienes deben construirlo.
Zacatecas no necesita una Universidad más pequeña para que sus problemas parezcan menores. Necesita una economía más fuerte, un gobierno corresponsable y una UAZ capaz de transformar su crisis en una oportunidad de renovación.
Porque cuando se cierran oportunidades educativas, no se ahorra futuro: se hipotecan generaciones.
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