CIUDAD DE MÉXICO.- México se enfrenta a una de las crisis humanitarias más profundas de su historia reciente: las desapariciones. Con más de 130 mil casos documentados, esta cifra refleja no solo números, sino historias de familias desgarradas, vidas suspendidas y un sufrimiento que el Estado no ha logrado atender con la seriedad que demanda.

Entre 2015 y 2025, las desapariciones crecieron un 213%, según México Evalúa. La crisis no ha hecho más que intensificarse, sobre todo en los dos sexenios recientes bajo el gobierno de Morena, donde las políticas públicas han fallado en garantizar lo más básico: la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Las cifras oficiales son alarmantes. Durante el gobierno de Felipe Calderón, las desapariciones fueron de 17,054 casos; con Enrique Peña Nieto, subieron a 34,557; y con Andrés Manuel López Obrador, llegaron a 52,574. En apenas 18 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, las desapariciones ya suman 17,868, lo que sugiere que el sexenio actual podría cerrar con más de 70 mil casos.

Lo más preocupante no es solo el crecimiento exponencial de las desapariciones, sino la respuesta institucional ante esta crisis. El gobierno de Claudia Sheinbaum, en lugar de reconocer la magnitud del problema, ha intentado minimizarlo. La reclasificación de expedientes para reducir artificialmente las cifras de desaparecidos a 43 mil representa una estrategia de simulación que ignora la realidad de miles de víctimas y sus familias.

La comunidad internacional también está tomando nota de la gravedad de la situación. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha pedido que se lleve el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, solicitando el apoyo de mecanismos internacionales para enfrentar la crisis. Esta solicitud no es una intromisión, sino una respuesta urgente ante un problema que el Estado mexicano no ha logrado resolver.

Los hallazgos sobre las desapariciones son contundentes. Se han identificado más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con unos 6 mil 200 cadáveres y alrededor de 72 mil restos humanos no identificados. Estos hechos revelan un patrón sistemático de violencia, que podría clasificarse como crímenes de lesa humanidad.

A pesar de la evidencia, el gobierno federal ha rechazado los señalamientos de la ONU, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha respaldado la narrativa oficial en lugar de defender a las víctimas. Este tipo de negación solo contribuye a la impunidad y agrava la crisis.

México no puede seguir ignorando su realidad. El primer paso para enfrentar esta tragedia es reconocerla y admitir la magnitud del problema. La colaboración internacional no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado y garantizar justicia.

Mientras las autoridades continúan discutiendo cifras y políticas, miles de familias en todo México siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. Para ellas, el tiempo no es solo un número; es un asunto de vida o muerte.