ZACATECAS, ZAC.- El grupo político-académico Francisco García Salinas planteó que la crisis financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no puede atribuirse únicamente al insuficiente subsidio público, sino también a decisiones administrativas y políticas tomadas dentro de la institución durante las últimas dos décadas.

En un posicionamiento dirigido al pueblo de Zacatecas y a la comunidad universitaria, el colectivo retomó los señalamientos del diputado Alfredo Femat Bañuelos sobre la falta de actualización de las plazas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según esa explicación, la plantilla autorizada desde la década de los ochenta correspondía a una matrícula cercana a 14 mil estudiantes, mientras que actualmente la Universidad atiende alrededor de 45 mil. Ante la falta de nuevas plazas con respaldo financiero federal, la institución habría ampliado su plantilla académica y administrativa sin el denominado “techo financiero”.

El grupo sostuvo que parte de ese crecimiento se financió con recursos derivados de retenciones a trabajadores, incluidos impuestos y otras contribuciones que posteriormente no fueron enterados a las autoridades correspondientes. “Por tanto, se ha tenido que autofinanciar el crecimiento”, señala el documento.

Sin embargo, cuestionó que esta explicación deje fuera las consecuencias administrativas de aumentar la plantilla sin respaldo presupuestal. Afirmó que “al no estar autorizado el crecimiento, no había reglas”, situación que, a su juicio, favoreció contrataciones discrecionales y la concentración de espacios de poder y recursos.

El colectivo acusó la existencia de “parcelas de poder, de privilegio, de cacicazgos y de corrupción”, aunque reconoció que estas afirmaciones corresponden a su posicionamiento y no están acompañadas de una auditoría que las sustente.

La discusión ocurre mientras la UAZ enfrenta una fuerte presión financiera. El rector Ángel Román Gutiérrez informó que requiere alrededor de 700 millones de pesos para cubrir obligaciones al cierre de 2026, además de una deuda histórica con el ISSSTE superior a 4 mil 600 millones de pesos y pasivos fiscales con el SAT por 517 millones.

Ante este escenario, el grupo propuso una auditoría académica y económica desde 2004, una revisión de la estructura administrativa y cambios al sistema democrático y electoral de la Universidad.