ZACATECAS, ZAC.- Familias de personas desaparecidas reclamaron que la nueva Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas no garantiza expresamente las búsquedas independientes y mantiene limitaciones para incidir en decisiones. Los colectivos señalaron que propuestas fundamentales quedaron fuera, aunque reconocieron la incorporación de algunas aportaciones.

Su principal demanda es reconocer el derecho a buscar sin autorización previa, sin pertenecer a un registro ni constituirse como asociación civil. Solicitaron incorporar la disposición: “en ningún caso la búsqueda independiente será objeto de sanción”.

También cuestionaron el artículo 23 y el Transitorio Noveno, que dejan al Ejecutivo estatal el nombramiento de integrantes del Consejo Ciudadano, previa convocatoria, por considerar que puede comprometer su autonomía.

“¿Cómo puede garantizarse la autonomía de un Consejo Ciudadano si quienes deben vigilar, cuestionar y acompañar la actuación gubernamental son seleccionados por el propio Poder Ejecutivo?”, plantearon.

Respecto al artículo 31, señalaron que el gobernador conserva la facultad de nombrar a la persona titular de la Comisión Local de Búsqueda, a propuesta de la Secretaría General de Gobierno, después de una consulta pública. Advirtieron que esta participación puede reducirse a una formalidad si las opiniones no influyen en la decisión.

El artículo 15 permite intervenir a colectivos y organizaciones civiles en el Mecanismo Estatal con voz, pero sin voto, otra limitación que identificaron.

Aunque reconocieron la creación del Fondo Estatal de Desaparición, previsto en los artículos 107 a 109, cuestionaron la falta de claridad sobre apoyos directos para gastos de búsqueda y necesidades de salud y educación.

Pidieron acompañamiento oportuno ante posibles puntos de hallazgo. Reportaron retrasos de autoridades, cuestionamientos sobre cadena de custodia y presiones para revelar fuentes.

La Legislatura aprobó la ley el 17 de septiembre con 21 votos a favor. Sustituye al ordenamiento de 2020, armoniza la legislación con la reforma federal de julio de 2025 e incorpora disposiciones de identificación humana, coordinación institucional y participación familiar.