DEFIENDE UAZ PERMANENCIA DE CÁMARAS EN DERECHO PESE A QUEJAS

La UAZ mantendrá las cámaras en Derecho pese a las quejas de docentes, pero plantea regular el acceso y uso del material captado por videovigilancia

Merari Martínez
Foto: Merari Martínez

ZACATECAS, ZAC.- La seguridad del alumnado está por encima de la controversia: el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, sostuvo que las cámaras de videovigilancia instaladas en la Unidad Académica de Derecho deben permanecer y ser utilizadas exclusivamente con fines de protección y seguridad.

Ante la exigencia de docentes que reclaman el retiro de los dispositivos por considerar que han sido utilizados para monitorearlos, el rector rechazó que el acuerdo que permitió levantar el paro del año pasado contemplara la desinstalación de las cámaras.

Explicó que el compromiso asumido por las autoridades de Derecho fue garantizar un uso adecuado del sistema de vigilancia y establecer reglas para el manejo del material obtenido. Esto, luego de las quejas de profesores que señalaron que conversaciones registradas por las cámaras habrían sido utilizadas posteriormente para formularles reclamos desde la dirección.

“La administración central trabaja en la verificación del uso de las cámaras de seguridad en la unidad, a fin de constatar que estén dando un buen uso al material obtenido”.

Román Gutiérrez consideró que, mientras se garantiza un manejo responsable de las grabaciones, el sistema debe continuar, pues representa una herramienta para reforzar la protección de la comunidad universitaria.

“La integridad de los estudiantes es primordial y estas herramientas permiten ofrecerles mayores garantías”.

El rector también puntualizó que la videovigilancia no constituye una medida exclusiva de Derecho, ya que existe en la mayoría de las unidades académicas de la UAZ.

“Una forma de que las autoridades estén atentas es a través de las cámaras de vigilancia”.

Aunque hasta ahora no se ha concretado un acercamiento con los docentes inconformes de Derecho, la postura de la administración central permanece firme: las cámaras continuarán instaladas, pero su utilización deberá sujetarse a criterios de seguridad y a un reglamento que determine cómo puede emplearse el material captado.

La disputa, por tanto, no se centra únicamente en la permanencia de los dispositivos, sino en los límites que deberán observar quienes tienen acceso a las imágenes y registros generados dentro de la unidad académica.

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