DENUNCIA EUGENIA HERNÁNDEZ DIFUSIÓN DE DATOS Y RESPONSABILIZA A AUTORIDADES
Eugenia Hernández denunció la publicación de una lista con nombres y datos personales; responsabilizó a las autoridades por cualquier afectación contra ella o su familia.
ZACATECAS, ZAC.- La rescatista Eugenia Hernández Reyes denunció la publicación de una lista que contiene nombres y datos personales de personas que presuntamente tenían restringido el acceso al Quinto Informe de Gobierno, y responsabilizó a las autoridades de cualquier consecuencia que pudiera afectarla a ella o a su familia.
Durante un posicionamiento público, Hernández Reyes manifestó su indignación y cuestionó la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública por la presunta difusión del documento. Consideró que la exposición de esa información podría colocar en una situación de vulnerabilidad a quienes aparecen señalados.
“Me da preocupación, indignación y rechazo que se difundan datos personales que ponen en riesgo mi integridad y la de mi familia”, expresó la rescatista al fijar su postura sobre el caso.
Hernández Reyes sostuvo que ninguna institución puede emplear sus facultades o la posición de sus funcionarios para intimidar, señalar o exponer a ciudadanos. “Ninguna autoridad debe utilizar su posición para amenazar o agredir”, afirmó.
La rescatista explicó que su inconformidad no se limita a haber sido incluida en la lista, sino que está relacionada con los posibles riesgos derivados de la circulación de información personal. Por ello, responsabilizó directamente a quienes participaron en la elaboración o difusión del documento por cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a integrantes de su familia.
La publicación de la lista ocurrió en el contexto del Quinto Informe de Gobierno. Hasta el momento, no se ha informado públicamente quién elaboró el documento, cuál fue el criterio para incluir a las personas mencionadas ni por qué sus datos fueron difundidos.
El señalamiento plantea cuestionamientos sobre el manejo de información personal por parte de las instituciones públicas y las medidas que deben aplicar para evitar que su uso o divulgación ponga en riesgo la seguridad e integridad de la ciudadanía.
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