ZACATECAS, ZAC.- Fernanda Delgado de la Rosa, presidenta de la organización TRANSformando Vidas Zacatecas, denunció presuntas violaciones a los derechos humanos de Jennifer, una mujer trans que permanece desde hace un año y siete meses en un área de resguardo temporal del Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, por lo que exigió revisar sus condiciones de reclusión y garantizarle un trato digno, con perspectiva de género y diversidad sexual.

En conferencia de prensa, Delgado de la Rosa señaló que Jennifer permanece aislada de la población penitenciaria femenina, bajo el argumento de que representa un peligro para las demás internas. Según lo expuesto, únicamente se le permite salir cuando las otras mujeres se encuentran resguardadas en sus estancias, lo que le impide convivir y desarrollar actividades cotidianas con otras personas privadas de la libertad (PPL).

La activista consideró que esta medida afecta la salud mental de Jennifer y dificulta su proceso de reinserción social. “No representa ningún peligro para ninguna persona dentro del reclusorio. Esto es un evidente hecho de prejuicio y de falta de información de las personas que administran o que tienen a su cargo este tipo de procesos”, sostuvo.

Afirmó que las autoridades conocen los protocolos para atender a personas de la diversidad sexual, pero no los aplican. “¿Y cuál es el problema? Que no los aplican”, expresó, al señalar que las disposiciones correspondientes establecen que las personas no deben ser aisladas por cuestiones relacionadas con su identidad de género.

Delgado de la Rosa informó que existe una denuncia ante la Fiscalía y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, aunque, aseguró, ninguna ha tenido avances suficientes.

Precisó que Jennifer es originaria de Michoacán y solicitó el acompañamiento de la organización para exigir que se respeten sus derechos durante el proceso judicial, actualmente en etapa de juicio oral.

La representante de TRANSformando Vidas Zacatecas indicó que han identificado al menos otros tres casos similares de personas trans en el sistema penitenciario estatal durante los últimos años. Además, estimó que alrededor de 70 por ciento de la población del centro está integrada por personas de la comunidad LGBT, cifra que atribuyó al trabajo de acompañamiento realizado por la organización.

Ante esta situación, exigió que cese cualquier práctica discriminatoria, se garantice una defensa adecuada y se atienda de inmediato la salud mental de Jennifer. También llamó a las autoridades penitenciarias a recibir capacitación en derechos humanos y diversidad sexual.

La organización advirtió que el caso refleja una problemática que, de acuerdo con su representante, se extiende a distintos espacios institucionales, laborales, educativos y sociales. “Es una realidad total”, afirmó al referirse a las dificultades que enfrentan las personas trans para ejercer sus derechos.

Como medida adicional, Delgado de la Rosa propuso impulsar, ante las autoridades competentes y la Legislatura estatal, la elaboración de protocolos con perspectiva de diversidad sexual que permitan establecer criterios de actuación para el personal penitenciario y las instituciones de justicia.

“Si aquí los administradores o las personas que están a cargo de esas instancias tienen la voluntad de ser capacitados, aquí estamos”, manifestó.

La activista sostuvo que mantendrán el acompañamiento pacífico a Jennifer para no interferir con el proceso judicial y reiteró el llamado a las autoridades para que revisen su situación y garanticen su integridad, dignidad y acceso efectivo a la justicia.