ZACATECAS, ZAC.- El Gobierno estatal destinará 89 millones de pesos al programa de uniformes escolares para estudiantes de todas las primarias públicas de los 58 municipios, mientras que el apoyo de calzado será exclusivo para zonas prioritarias y vulnerables.

En entrevista para EcoDiario, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Bennelly Hernández, informó que se realizan recorridos por los planteles para integrar y verificar los comités de padres de familia, quienes participarán en la selección de los proveedores conforme a las reglas del programa.

Uno de los requisitos será adquirir los uniformes con proveedores zacatecanos, con el objetivo de que los recursos permanezcan en la entidad y beneficien a costureras, sastres y comerciantes locales.

“No les va a ser válido el que digamos que evidencias de compra de proveedores foráneos”, advirtió Hernández.

La entrega de los recursos comenzará después del cierre de la matrícula definitiva de cada plantel, debido a los cambios de estudiantes que suelen presentarse al inicio del ciclo escolar.

La Secretaría trabaja con la Secretaría de Finanzas en la elaboración de tarjetas o cheques, los cuales serán distribuidos mediante una aplicación para agilizar el procedimiento.

El reparto se efectuará durante un periodo de 15 días a partir del 15 de septiembre, con el propósito de que las familias adquieran los uniformes antes de las actividades cívicas previstas para noviembre.

A diferencia del uniforme, el programa de calzado no tendrá carácter universal. Este apoyo será dirigido a estudiantes de áreas vulnerables, debido a las diferencias económicas entre las familias y a la puesta en marcha del programa universal de útiles escolares, mochilas y otros beneficios.

Hernández consideró que la entrega de uniformes puede reducir gastos en los hogares y favorecer condiciones similares para los estudiantes dentro de las aulas.

“Ayuda muchísimo en el bolsillo familiar y de entrada es un motivante para los estudiantes”, afirmó.

La funcionaria añadió que el impacto deberá evaluarse también en la permanencia escolar, la igualdad de oportunidades y la reconstrucción del tejido social, con la participación de autoridades, docentes y padres de familia.