El Ayuntamiento de Guadalupe decidió pasarle la pelota a la LXV Legislatura para que determine qué ocurrirá con el regidor ENRIQUE FLORES MENDOZA, quien intentó reincorporarse pese a contar con una sentencia firme de inhabilitación. El exalcalde fue sancionado por el Tribunal de Justicia Administrativa por el desvío de recursos públicos y ahora las y los diputados deberán establecer si su situación encaja en el supuesto de revocación de mandato. Comadres, aquí no se trata de pleitos personales ni de ver quién puede más, sino de hacer respetar la ley y proteger el interés público. El Cabildo aprobó por mayoría enviar el expediente al Congreso local, que tendrá la responsabilidad de revisar los elementos y tomar una decisión sin filias ni fobias. Como dice el viejo refrán, quien la hace, la paga, aunque también deberá respetarse el debido proceso. Lo cierto es que una sentencia firme no puede tratarse como papel mojado, mucho menos cuando se trata de dinero que pertenece a la ciudadanía.