Carlos Ernesto Alvarado Opinión de Carlos Ernesto Alvarado

QUOD DIXI, DIXI | EL DÍA QUE EL PUEBLO SUBIÓ AL BARCO

🎶📖 “Compañeros de historia. Tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar… me urge tanto”. 🎤 Silvio Rodríguez | Playa Girón 🎸

Durante años nos dijeron que la justicia estaba al alcance de todos. Bastaba con presentar una demanda, contratar un abogado y esperar pacientemente a que los tribunales resolvieran; un procedimiento bastante sencillo para quien tuviera dinero, conocimientos jurídicos y la posibilidad de envejecer esperando una sentencia. La Constitución prometía justicia pronta y gratuita, mientras la realidad imponía sus propias condiciones de admisión. Millones de personas aprendieron a resignarse antes de conocer un juzgado. El sistema funcionaba, desde luego, aunque tenía una ventaja extraordinaria: buena parte de quienes necesitaban justicia jamás conseguían llegar a ella.

México pasó décadas reformando sus tribunales. En 1994 apostamos por profesionalizar la carrera judicial, después descubrimos los abusos, el nepotismo y los privilegios que crecieron junto con sus instituciones; en 2024 llegó otra reforma que prometió devolver la justicia al pueblo mediante la elección de juzgadores. Cambiaron las reglas, desapareció el Consejo de la Judicatura y comenzó una nueva época. Los trabajadores resistieron, los políticos celebraron y los ciudadanos siguieron esperando respuestas. Quizá dedicamos demasiado tiempo a discutir quién debía ocupar el camarote del capitán, mientras nadie revisaba si el barco tenía capacidad para transportar a todos sus pasajeros.

Ahora aparece un personaje que nadie invitó a la discusión: la inteligencia artificial. Ana Laura Magaloni, en su columna Ventana de oportunidad, plantea una paradoja que merece especial atención. En Gran Bretaña, las reclamaciones laborales individuales crecieron 39% durante el ejercicio 2025-2026 y los asuntos pendientes aumentaron 55%; la tecnología está facilitando que personas sin representación jurídica preparen sus propias demandas, aunque esas cifras también responden a problemas estructurales que vienen de años atrás. Una persona puede hoy consultar sus derechos, preparar un escrito y comenzar a reclamar desde un teléfono. La inteligencia artificial todavía comete errores, inventa precedentes y confunde leyes con una seguridad verdaderamente admirable; pero también está poniendo herramientas jurídicas al alcance de quienes antes no podían pagarlas.

Imaginen la ironía. Un ciudadano tarda veinte minutos en preparar una demanda con ayuda de una computadora y después necesita varios años para conseguir una sentencia. La tecnología avanza a una velocidad que nuestros procedimientos judiciales difícilmente pueden acompañar; mientras una máquina analiza documentos en segundos, el expediente todavía debe atravesar notificaciones, requerimientos, pruebas, incidentes y recursos. Algunas formalidades son indispensables para proteger el derecho de defensa, otras sobreviven porque siempre se han hecho así. Y cuando la demanda finalmente llega al tribunal, alguien debe revisarla, tramitarla y resolverla. Ese alguien suele ser un trabajador judicial que ya carga con cientos de asuntos y al que, por si le faltaban preocupaciones, ahora también pretendemos evaluar periódicamente para decidir su permanencia.

En noviembre, los trabajadores del Poder Judicial consiguieron la abrogación de un acuerdo de evaluación que había provocado protestas nacionales. Fue una victoria legítima, pero también dejó una pregunta pendiente: ¿qué futuro estamos defendiendo? La carrera judicial merece estabilidad, capacitación y reglas objetivas; la sociedad, por su parte, merece tribunales que funcionen. Ambas exigencias deberían encontrarse en una reforma que comprenda el trabajo cotidiano de los juzgados. Sería absurdo pedirles a los empleados que resuelvan más asuntos con las mismas herramientas, bajo mayores presiones y procedimientos que nadie se atreve a simplificar. También sería un error defender la institución del pasado sin reconocer todo aquello que necesita cambiar. Los derechos laborales y el acceso a la justicia pueden fortalecerse mutuamente, aunque nuestra política tenga cierta habilidad para convertirlos en enemigos.

Foros 1

El futuro plantea una exigencia bastante más compleja que organizar elecciones judiciales o cambiar funcionarios. Habrá que distinguir los conflictos sencillos de aquellos que requieren procedimientos extensos, aprovechar responsablemente la tecnología, fortalecer la defensoría pública y escuchar a quienes trabajan diariamente con los expedientes. También habrá que invertir en personal, infraestructura y capacitación. La inteligencia artificial puede reducir algunas barreras de entrada, pero ninguna aplicación sustituirá por sí sola la independencia de un tribunal, la valoración cuidadosa de las pruebas o la responsabilidad de dictar una sentencia. Tenemos la oportunidad de construir una justicia que deje de medir su importancia por la cantidad de trámites que exige y comience a hacerlo por los conflictos que consigue resolver.

Silvio Rodríguez se preguntaba quién debía escribir la historia de aquel barco llamado Playa Girón. La respuesta estaba entre quienes navegaban en él, hombres imperfectos que conocían el cansancio, el trabajo y las contradicciones de su propia existencia. El Poder Judicial también tiene una tripulación que merece contar su historia; trabajadores que sobrevivieron a distintas reformas, defendieron sus derechos y continuaron sosteniendo una institución que todavía necesita transformarse. Pero hay una diferencia que no podemos ignorar: este barco fue construido para transportar a la sociedad, no para conservar eternamente a sus capitanes ni para permanecer anclado en la comodidad de sus viejas costumbres.

Tal vez dentro de treinta años nadie recuerde los nombres de quienes encabezaron la última reforma judicial. Se estudiarán sus consecuencias, los derechos que sobrevivieron y las oportunidades que desperdiciamos. El gobierno podrá presumir que cambió a los jueces; los trabajadores podrán recordar que defendieron su estabilidad. Pero habrá una pregunta que ninguno debería eludir: ¿conseguimos que más personas obtuvieran justicia, o simplemente reorganizamos el poder dentro de los tribunales?

Porque si algún día la inteligencia artificial consigue que millones de ciudadanos lleguen a las puertas de la justicia, tendremos que explicarles por qué reformamos tantas veces el barco sin prepararlo para recibirlos.

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