ZACATECAS, ZAC.- El Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas (SITTEZ) solicitó a la LXV Legislatura aplazar la discusión y votación sobre la posible entrega del Hotel Parador al Gobierno del Estado mediante la figura de dación en pago, al considerar que el inmueble forma parte del patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) y respalda las pensiones de miles de derechohabientes.

A través de un comunicado dirigido al Gobierno del Estado, a la LXV Legislatura del Estado, a los agremiados del sindicato, a los derechohabientes del ISSSTEZAC y a la sociedad zacatecana, la organización manifestó su preocupación por la discusión programada del 6 al 8 de julio de 2026 y pidió que cualquier decisión se adopte con apego a la legalidad, transparencia y protección de los derechos de las y los trabajadores.

El SITTEZ sostuvo que la reserva técnica del ISSSTEZAC no constituye un bien ordinario para cubrir adeudos, sino el respaldo material de las pensiones de más de 25 mil trabajadores activos, jubilados y pensionados. Además, afirmó que el deterioro financiero del Instituto deriva de malas gestiones administrativas y financieras acumuladas durante varios sexenios, no de las aportaciones de los derechohabientes.

El sindicato también señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en enero de 2026 los artículos 128 y 128 Bis de la Ley del ISSSTEZAC, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024. De acuerdo con el comunicado, esa resolución estableció que el Instituto no puede condicionar sus obligaciones a su solvencia financiera y que las y los trabajadores no deben asumir las consecuencias de una administración deficiente.

"El SITTEZ exige que se postergue la discusión y la votación de la desincorporación del Hotel Parador, y que se busquen otras vías para atender la situación del Instituto que no impliquen sacrificar el patrimonio de las y los trabajadores", indicó el documento.

Entre las alternativas planteadas, el sindicato propuso que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad como aval solidario del Instituto, que se sancione a quienes provocaron el quebranto conforme a las auditorías realizadas, que se cumpla la resolución de la Suprema Corte antes de cualquier decisión sobre el patrimonio y que el proceso se lleve con transparencia e información técnica y actuarial.