Ecodiario

Este jueves, en conferencia de prensa, diputados federales zacatecanos, emitieron una postura frente a los reclamos de seguridad y justicia de las más de 80 familias de desplazados de las comunidades de Jerez y que desde tempranas horas se apostaron en Palacio Nacional.

La diputada federal Noemí Luna relató que las familias salen apresuradas de sus hogares. Llevan sólo lo que traen puesto. ¡Lo dejaron todo para preservar su vida! No hablo de la guerra… me refiero a Zacatecas.

Señaló que eso es lo que pasó en la comunidad de Palmas Altas, Jerez. “Pero lamentablemente es la realidad en la mayor parte del estado. Así, con amenazas y violencia, la delincuencia organizada despojó de todas sus posesiones a las familias de por lo menos 15 municipios. Notas periodísticas hablan de alrededor de 30 mil zacatecanos desplazados, en Jerez, Fresnillo, Valparaíso y Monte Escobedo, entre muchos otros”.

En conjunto con el diputado federal Miguel Torres, señalaron que son tan graves los desplazamientos poblacionales forzados, que Zacatecas ya se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional, junto con Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

Aseguraron que los movimientos son consecuencia de la violencia, amenazas, desapariciones y asesinatos que grupos armados comenten en las comunidades, reconoció el Fiscal General de Justicia, Francisco Murillo; mientras el Gobernador David Monreal señaló que son dos los cárteles que se disputan la plaza zacatecana: Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

“Las víctimas de la delincuencia tienen rostro, son habitantes de Jerez, como Palmas Altas, Santa Ana, Santa Rosa, Sarabia, Ordoñez, Villa Hermosa, Monte de los García, Guadalupe Victoria, Cieneguitas de Fernández, Plan de Carrillo y El Sauz de los García de Arriba”.

Personas que dejaron sus pertenencias, sus animales y sus cosechas. Tierras agrícolas y animales en el abandono. ¿Quiénes producirán ahora los alimentos para abastecer a la población? ¿Quién protegerá a esos inocentes que ya no tienen casa, trabajo ni dinero?

Cierta estoy que los gobiernos federal y estatal no, porque sólo les proporcionaron “protección” con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, para llevarlos a recoger lo poco que les quedaba. Hasta el Plan DN III activaron. Sí, ese mecanismo que se aplica para atender a la población en caso de desastres naturales y tragedias. ¡Y vaya que esta es una tragedia! Pero no de las que se atiende con ayuda social, sino con estrategia e inteligencia en seguridad.

Ningún ser humano debe experimentar la dolorosa situación de tener que elegir: salvar a su familia o morir en el intento. Proteger su patrimonio o perderlo todo. Defenderse o ver cómo desaparecen y asesinan a los suyos.

Tan cruenta es la realidad que cientos de personas dejaron comunidades fantasmas y emigraron a Durango y Aguascalientes. Allá les brindarán ayuda. Esa, que no recibieron en su estado natal. Muchos otros zacatecanos en su desesperación están apostados en la frontera norte, en campamentos improvisados, esperando que Estados Unidos les dé asilo, porque aquí su gobierno les falló.

La legisladora zacatecana, mostró su solidaridad a las familias desplazadas y establezco con ellas mi compromiso de luchar desde la Cámara de Diputados para exigir la asignación de presupuestos para combatir la delincuencia, para poner en marcha programas de atención social, para armar y capacitar a las policías y exhortar a la federación y estado a cumplir su obligación de garantizar los derechos humanos.