FERNANDO QUIJAS

ZACATECAS, ZAC.- Actualmente, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado enfrenta múltiples retos en su labor de garantizar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población, ante limitaciones presupuestarias, falta de personal y la creciente demanda de sus servicios en distintas áreas del derecho.

Así lo reconoció Amparo Jáuregui Durán, directora general del instituto, quien explicó a Ecodiario Zacatecas que la Defensoría se encarga de brindar representación legal en materia penal, civil, familiar, mercantil, administrativa y laboral, tanto a ciudadanos en situación de vulnerabilidad como a personas privadas de la libertad que buscan garantizar sus derechos dentro del sistema judicial.

Sin embargo, uno de los principales desafíos que tiene la Defensoría es la falta de paridad con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas en cuanto a recursos y personal, cuando son organismos que, si bien tienen diferentes funciones, ya que mientras uno defiende, el otro acusa, sus necesidades son muy similares.

De acuerdo a Jáuregui Durán, esta misma insuficiencia financiera se puede observar en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entrará en vigor en 2027 y que representa una transformación en la forma de impartir justicia.

La directora de la Defensoría informó que para este nuevo código ya se trabaja en la capacitación de su equipo para enfrentar este cambio, pues consideró que la oralidad en audiencias civiles y familiares implicará una participación más activa del instituto en la defensa de los ciudadanos.

Pese a estas dificultades, Jáuregui Durán reconoce avances en el fortalecimiento de la institución, luego a una reciente ampliación presupuestal que permitió la renovación del parque vehicular y la reparación de los módulos de la Defensoría en los 18 distritos judiciales del estado.

Sin embargo, Jáuregui Durán mencionó que aún queda mucho por hacer, especialmente en la homologación de salarios con la Fiscalía y el aumento del personal para mejorar la cobertura del servicio, del instituto, al que describió como "un ente gerente operativo de la protección de los derechos humanos".