ENFRENTA JORGE RADA PROCEDIMIENTO ANTE IEEZ POR SEÑALAMIENTOS
El procedimiento electoral deberá determinar si las publicaciones cuestionadas constituyeron violencia política de género, mientras permanece sin acreditar la presunta irregularidad de la cédula
ZACATECAS, ZAC.- El abogado Jorge Rada Luevano, quien cuestionó públicamente la documentación profesional de una funcionaria del Ayuntamiento de Guadalupe y la presunta irregularidad de una cédula profesional, enfrenta un procedimiento ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), promovido por la propia servidora pública bajo el argumento de posible violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG).
Rada Luevano había señalado la autenticidad o uso de una presunta cédula profesional irregular con la que, según expuso, se habrían acreditado requisitos para ocupar un cargo dentro de la administración municipal. A raíz de esas publicaciones, la funcionaria presentó una denuncia ante el IEEZ contra el abogado.
Rada confirmó que fue notificado personalmente de las medidas cautelares dictadas dentro del procedimiento electoral. Ante ello, retiró la publicación señalada, aunque afirmó que recurrirá jurídicamente la determinación.
Su argumento central es que cuestionar la documentación con la que una persona acredita los requisitos para desempeñar una función pública no debería convertirse, por sí mismo, en una conducta de violencia política de género.
El expediente plantea dos asuntos que deberán ser analizados por las autoridades: si la documentación profesional cuestionada es auténtica y válida, y si las expresiones y publicaciones realizadas por Rada constituyeron una conducta sancionable bajo la legislación electoral.
El procedimiento todavía no determina responsabilidad alguna. En los casos relacionados con VPMRG, el IEEZ puede investigar los hechos, dictar medidas cautelares y desarrollar el procedimiento correspondiente; posteriormente, el expediente es remitido al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), instancia que debe resolver el fondo del asunto.
Mientras el procedimiento avanza, Rada sostiene que el origen de la controversia no debe perderse de vista: la documentación presentada para acreditar los requisitos de un cargo público y la posibilidad de que sea revisada por las autoridades competentes.
La validez de una cédula profesional puede consultarse en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mecanismo oficial para verificar los registros profesionales.
Por ahora, ni la presunta irregularidad de la cédula ni la existencia de violencia política de género pueden darse por acreditadas. Ambos aspectos permanecen sujetos a revisión y serán las autoridades correspondientes las que determinen si existió alguna infracción.
El caso plantea la discusión sobre los límites entre el escrutinio de quienes ocupan cargos públicos, la protección de las mujeres frente a la violencia política y la responsabilidad de difundir señalamientos sobre la documentación profesional de servidores públicos.
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