ZACATECAS, ZAC.- El gobernador envió a la LXV Legislatura la iniciativa Cero Deuda para prohibir constitucionalmente nuevos endeudamientos del Estado, municipios y entes públicos, con excepciones por desastres naturales, emergencias sanitarias o crisis económicas severas. La propuesta de David Monreal Ávila también restringe los créditos de corto plazo.

El proyecto modifica el artículo 65, fracción XIV, de la Constitución local y las leyes de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera, y de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.

A diferencia de la política administrativa vigente, busca convertir la restricción en obligación constitucional. “La voluntad no es suficiente”, afirmó el mandatario.

Las excepciones exigirían una declaratoria federal de desastre, una determinación sanitaria federal o una declaratoria de emergencia financiera conforme a la Ley Antiquebranto estatal. Ninguna autorizaría automáticamente deuda: primero deberán agotarse recursos presupuestarios, reservas, reasignaciones, ingresos propios y apoyos federales.

Además, cualquier financiamiento deberá acreditar seis criterios: necesidad económica o social, rentabilidad y suficiencia financiera, inversión adicional, sostenibilidad del costo, responsabilidad temporal e intergeneracional, y resiliencia ante escenarios adversos.

Para proyectos de largo plazo se privilegiaría el financiamiento mediante empresas públicas u organismos específicos, sujetos a los mismos controles.

Los créditos de corto plazo sólo cubrirían desfases de calendario, con causa, duración, monto e ingreso cierto para liquidarlos; no déficits estructurales. Nómina, adeudos de ejercicios anteriores, pasivos circulantes u obligaciones pari passu no bastarían como justificación.

Los nuevos candados prohíben refinanciar o reestructurar esos créditos, adquirir deuda para pagar obligaciones anteriores, intercambiar créditos por adelantos de participaciones y contratar sucesivamente para mantener la misma insuficiencia. Exigen 30 días entre contrataciones, salvo contingencias nuevas y distintas.

“Nunca más utilizar el corto plazo como una tarjeta de crédito del gobierno”, señala el documento.

Según cifras del Gobierno estatal, a junio de 2026 permanecía un saldo de largo plazo de 6 mil 401 millones de pesos, tras pagos por 7 mil 348 millones durante esta administración.

Rodrigo Reyes Mugüerza, Ruth Angélica Contreras Rodríguez y Armando Ávalos Arellano presentaron la propuesta ante Jesús Padilla Estrada, presidente de la Junta de Coordinación Política.