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EVITA GUANAJUATO PAGOS POR 103 MDP Y FORTALECE ATENCIÓN CONTRA EXTORSIÓN

Desde la creación del Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Paz, en el estado se han evitado pagos por más de 103 millones de pesos al crimen

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GUANAJUATO, GTO.- Desde la creación del Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Paz, en el estado se han evitado pagos por más de 103 millones de pesos al crimen. A este resultado se suma un nuevo avance: el desarrollo de un estándar de competencia que permitirá fortalecer y profesionalizar la atención especializada a víctimas de extorsión.

Así lo destacó el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública en la que también planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de las policías, combatir las economías ilícitas y consolidar la confianza entre los distintos órdenes de gobierno.

El secretario participó en esta reunión en representación de la Zona Occidente, integrada por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, y que fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

Ante titulares de Seguridad Pública de las entidades federativas, autoridades federales y representantes de las Fuerzas Armadas, el secretario expuso las labores de acompañamiento especializado a las víctimas, análisis de información, intervención policial y prevención con los sectores productivos que realiza el Escuadrón Antiextorsión.

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Este grupo especializado ha evitado que más de 103 millones de pesos sean entregados a extorsionadores.

Destacó que Guanajuato impulsó, en coordinación con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), el desarrollo del Estándar de Competencia EC1880, “Atención integral del delito de extorsión para la investigación criminal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Este instrumento establece criterios para evaluar y certificar las competencias del personal especializado en la atención de este delito, con la finalidad de contribuir a la profesionalización de las instituciones de seguridad del país.

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