ZACATECAS, ZAC.- La corrupción en corporaciones policiacas, fiscalías y dependencias del Poder Ejecutivo continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas en Zacatecas, reconocieron integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes advirtieron que persiste una fuerte percepción de impunidad y desconfianza hacia las instituciones.

Durante una conferencia enfocada en mecanismos de denuncia y transparencia, los representantes del CPC señalaron que las quejas más recurrentes entre la población siguen relacionadas con “mordidas”, irregularidades en corporaciones de tránsito y abusos cometidos por elementos de seguridad pública.

“La percepción es la que está a nivel nacional: no confían en seguridad pública, no confían en el Ejecutivo y no confían en la fiscalía”, señalaron los integrantes del comité al reconocer que los resultados coinciden con estudios nacionales sobre corrupción y confianza institucional.

El presidente del CPC, Jesús Limones Hernández, afirmó que uno de los principales retos es romper la idea de que denunciar actos de corrupción “no sirve de nada”, pues advirtió que el silencio fortalece la impunidad.

“Lo que no se nombra no existe. Hay que nombrarlo, porque si no vamos a seguir en la narrativa de que no pasa nada”, expresó.

Aunque aclararon que el comité no recibe denuncias de manera directa, explicaron que sí brindan acompañamiento y asesoría a ciudadanos para evitar que sus casos sean desechados por errores técnicos, falta de documentación o deficiencias jurídicas.

Los integrantes del organismo detallaron que han implementado protocolos para hacer menos hostil el proceso de denuncia y evitar la revictimización de quienes deciden acudir ante las autoridades.

“Queremos que la denuncia no se quede en la nada porque no tuvo los elementos mínimos”, explicaron.

Cristela Isabel Trejo Ortiz informó que durante 2025 el CPC ha acompañado alrededor de ocho expedientes relacionados con posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas, algunos de ellos ya canalizados a instancias especializadas.

Aunque los casos permanecen bajo confidencialidad, el comité aseguró que mantiene coordinación con asociaciones civiles, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y barras de abogados para fortalecer la orientación ciudadana y promover mecanismos más eficaces de transparencia.

Finalmente, los integrantes del CPC insistieron en que, aunque sus recomendaciones no son vinculantes, visibilizar irregularidades sí genera presión pública y obliga a las instituciones a responder.

“No es lo mismo dejar pasar una falta que señalarla. El hecho de nombrarla ya genera conciencia”, concluyeron.