ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- Personal docente del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) solicitó el nombramiento formal e inmediato de directivos, al señalar que desde el 2 de diciembre la institución opera sin conducción oficial y con decisiones tomadas por personas sin facultades para hacerlo.

En un pronunciamiento, el personal indicó que la falta de dirección formal ha generado incertidumbre en aspectos como horarios, cargas académicas, coordinaciones y decisiones de contratación, además de afectar el funcionamiento de los órganos colegiados.

El magisterio sostuvo que respeta el debido proceso y los derechos de cualquier persona investigada; sin embargo, consideró que la legalidad debe acreditarse con nombramientos por escrito, competencias definidas, actas y responsabilidades documentadas.

Respecto a declaraciones atribuidas a la Secretaría el martes 27 de enero, el personal afirmó que respetar “tiempos y protocolos” no implica mantener al CAM sin dirección oficial. También citó la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, al señalar que la autoridad solo puede ejercer las facultades conferidas por la ley y que las peticiones deben recibirse y responderse por escrito, de manera fundada y motivada.

El pronunciamiento advirtió que acuerdos verbales o encargos informales no brindan certeza institucional y pueden generar decisiones impugnables, al tiempo que pidió que se detengan acciones unilaterales y se protejan los derechos de toda la localidad académica y laboral.

Además, el personal docente solicitó claridad sobre la existencia y funcionamiento de una comisión permanente, con información documentada sobre su integración, atribuciones, actas y acuerdos, al considerar que su presencia no sustituye una dirección formal ni la toma colegiada de decisiones.

El magisterio también pidió información mínima del proceso de investigación, como autoridad responsable, folio y diligencias, sin vulnerar datos personales, al considerar que la falta de claridad genera opacidad.

Como fecha límite, el personal fijó el 6 de febrero de 2026 para recibir respuestas por escrito y acciones verificables. Entre sus exigencias se incluyó el nombramiento inmediato de directivos ajenos a la administración cuestionada; la revisión de decisiones tomadas sin competencia sobre cargas, horarios, coordinaciones y contratación; la instalación de órganos colegiados; el control de accesos institucionales del personal separado para evitar interferencias; y garantías por escrito de que no habrá represalias contra docentes por organizarse y exigir legalidad.