EXIGE HILANDO VIOLETA TRANSPARENCIA SOBRE DOCENTES SEÑALADOS POR PRESUNTO ACOSO
Hilando Violeta exige conocer dónde laboran los docentes separados del CAMZAC y el estado de los procedimientos administrativos, a casi un año de las denuncias estudiantiles
ZACATECAS, ZAC.- La falta de información sobre la adscripción, funciones y procedimientos administrativos de docentes separados del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas (CAMZAC), tras denuncias por presunto acoso y hostigamiento, motivó un reclamo del colectivo Hilando Violeta CAMZAC a la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ).
La organización cuestionó las respuestas del secretario Armando Delgadillo Ruvalcaba durante su comparecencia legislativa. Manifestó preocupación por expresiones como “rumores”, “acusaciones falsas” y “estigmatización social”, así como por su afirmación de que los involucrados “son maestros muy capaces”.
“La presunción de inocencia no significa presunción de mentira para quien denuncia”, expresó.
El colectivo sostuvo que la trayectoria académica y el reconocimiento profesional no deben restar importancia a las denuncias ni sustituir las investigaciones. Reconoció el derecho de los señalados al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero subrayó que ambos deben coexistir con la protección de las denunciantes.
También cuestionó el uso del concepto de revictimización para proteger la reputación de los profesores sin priorizar las garantías para las estudiantes. Señaló que el secretario reconoció que fueron retirados del CAMZAC, aunque continúan dentro de la SEZ.
Exigió precisar dónde están adscritos, qué funciones desempeñan y qué documentos formalizaron su separación o reubicación. Solicitó conocer el estado de los procedimientos internos y cómo se acreditan sus actividades académicas o de investigación.
Además, preguntó si mantienen reconocimiento vinculado con el CAMZAC para efectos académicos o de programas como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
“La existencia de una investigación penal no impide que la autoridad educativa documente, investigue y resuelva, con debido proceso, las actuaciones administrativas que sean de su competencia”, expuso.
La organización distinguió las investigaciones penales, a cargo de la Fiscalía, de las responsabilidades administrativas de la dependencia educativa, sin prejuzgar sobre delitos.
A casi un año de las denuncias, consideró insuficiente la información pública y demandó investigaciones diligentes, procedimientos concluidos, protección efectiva para las estudiantes y transparencia sobre las decisiones de la SEZ.
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