EXIGE ISADORA SANTIVÁÑEZ REVISAR LEYES TRAS AGRESIÓN A MENOR EN TABASCO

Isadora Santiváñez pidió revisar la legislación sobre responsabilidad penal de menores tras la agresión contra una niña en Tabasco y afirmó que las víctimas deben tener acceso a una justicia efectiva.

Merari Martínez
Foto: Merari Martínez

ZACATECAS, ZAC.- La diputada local y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) en Zacatecas, Isadora Santiváñez, pidió revisar el marco legal relacionado con la responsabilidad penal de menores de edad, tras la agresión sexual cometida contra una niña en el municipio de Tabasco, al considerar que la legislación vigente limita la posibilidad de sancionar este tipo de conductas.

La legisladora calificó como preocupante el estado de salud de la víctima y señaló que las autoridades deben integrar una carpeta de judicialización sólida para que el caso pueda avanzar conforme a derecho.

"La salud de la menor es preocupante. Se debe hacer una carpeta de judicialización; son delitos muy graves que ninguna infancia debe vivir", expresó.

Santiváñez lamentó que hechos de esta naturaleza tengan que hacerse públicos para visibilizar la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes, e insistió en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para responder a este tipo de casos.

Asimismo, cuestionó que la legislación actual impida imponer sanciones más severas cuando el presunto responsable es menor de edad, aun cuando existan elementos para acreditar la conducta.

"El hecho de que un menor no pueda ser juzgado por esos delitos no es justo; por eso deben revisarse las leyes para que exista un juicio respecto a esos casos. Da muchísimo coraje saber que no se puede hacer justicia real", afirmó.

La diputada sostuvo que es necesario analizar el marco jurídico vigente para determinar si requiere modificaciones que permitan una respuesta más efectiva del Estado ante delitos de esta naturaleza, al tiempo que se garantice la protección y atención integral de las víctimas.

Indicó que la discusión debe centrarse en fortalecer el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes afectados por hechos de violencia, así como en revisar los mecanismos legales aplicables cuando los presuntos responsables son personas menores de edad.

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