TEXTO Y FOTOS: ESTHER CONSUEGRA

ZACATECAS, ZAC.- Docentes jubilados, integrantes del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma (SPAUAZ), hicieron público un posicionamiento dirigido a la sociedad zacatecana, la comunidad universitaria y los sindicatos del estado, en el que exigen el cumplimiento de la Cláusula 41 de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente, en el contexto del actual emplazamiento a huelga.

En el documento, las y los docentes señalan un “incumplimiento sistemático” de dicha cláusula y denuncian una postura evasiva por parte de la Rectoría, la cual, afirman, “pretende desconocer derechos adquiridos bajo el argumento infundado de la fecha de ingreso al sistema o la transición al régimen del ISSSTE”.

Como parte de los fundamentos de su exigencia, el personal académico subraya la “vigencia plena de los derechos” establecidos en la Cláusula 41, que contempla seguridad en el empleo, libertad de cátedra y compensaciones económicas por años de servicio. En particular, enfatizan que “en ningún apartado de la Cláusula 41 se señala que estas prestaciones sean exclusivas para quienes ingresaron antes de agosto de 1991”, por lo que consideran improcedente cualquier distinción basada en la fecha de ingreso.

Asimismo, sostienen que la incorporación al régimen de seguridad social del ISSSTE no cancela las obligaciones pactadas bilateralmente en el CCT, así como “la gratificación por antigüedad y la prima postjubilatoria, son compromisos institucionales independientes”, expresan.

En cuanto a la situación actual, calificaron como “alarmante” que, tras haberse logrado en 2025 el reconocimiento del adeudo para 444 profesores, la Rectoría, a través de sus representantes legales, “pretenda retroceder en los acuerdos ya zanjados”. Añaden que, aunque se ha calculado el adeudo individual de cada docente, “la propuesta de pago simplemente no ha llegado”.

El posicionamiento también cuestiona el manejo financiero de la institución. Mientras se argumenta una crisis para negar los pagos, indican que el Consejo Universitario mantiene autorizado un gasto de 800 millones de pesos para salarios de funcionarios, cifra que, aseguran, excede por 695 millones lo autorizado por la federación para plazas administrativas.

Entre sus demandas, exigen una “propuesta de pago inmediata” en la audiencia de conciliación ante el Tribunal Laboral, que sea real y calendarizada, y que incluya “sin distinción a quienes ingresaron después del 13 de agosto de 1991”. También solicitan el cumplimiento de las fracciones X y XI de la Cláusula 41, que contemplan la gratificación por servicios prestados, la compensación del 25 por ciento del salario tabular para quienes han cumplido 25 años de servicio y continúan laborando, así como la prima postjubilatoria correspondiente.

Finalmente, demandan “transparencia y austeridad” y que el excedente en la nómina de funcionarios sea redirigido para atender las violaciones contractuales, “no aceptaremos que se sigan utilizando argumentos irrisorios y hasta ofensivos al intelecto de los docentes para pisotear la dignidad de los universitarios”, concluye el pronunciamiento.