ZACATECAS, ZAC.- La inconformidad crece entre productores de frijol ante lo que consideran incumplimientos y fallas estructurales en el programa federal de acopio, pese a los recientes anuncios de ampliación por parte de autoridades de Alimentación para el Bienestar, encabezadas por María Luisa Albores González.

Lejos de representar una solución inmediata, agricultores aseguran que existen compromisos previos sin atender, lo que ha generado retrasos y desconfianza en la operación del programa. Así lo expuso el productor Isaías Castro Trejo, quien señaló que aún hay costales de frijol que llevan hasta tres meses sin ser recibidos en centros de acopio.

“El acuerdo que nosotros tenemos es anterior a la ampliación. Incluso fue formalizado ante notario público, y estamos en espera de que primero se cumpla con ese compromiso”, afirmó.

Aunque reconoció que el precio ofrecido por el esquema gubernamental de hasta 16 pesos por kilo es superior al del coyotaje, donde el grano se paga entre cinco y siete pesos, consideró que las estrategias para erradicar a los intermediarios son insuficientes.

“Eso no nos ayuda en nada. La gente ya se ha quejado muchas veces y no hay respuesta”, sostuvo en referencia a la colocación de lonas con números telefónicos para denunciar irregularidades.

El señalamiento más grave apunta a presuntas prácticas dentro de los propios centros de acopio. Castro Trejo denunció que pequeños productores están siendo desplazados, mientras intermediarios continúan operando sin obstáculos.

“Ellos tienen el control. No le reciben al pequeño productor, pero a los coyotes sí les permiten ingresar el producto sin problema”, acusó.

De acuerdo con el productor, el avance en la recepción sigue siendo limitado: de un padrón de 300 agricultores, apenas unos 40 han logrado entregar sus costales, con la expectativa de llegar a 100 en el corto plazo, lo que evidencia un progreso parcial.

Ante este panorama, los agricultores insisten en la urgencia de garantizar transparencia, agilidad y condiciones equitativas en la operación del programa, para evitar que los beneficios anunciados queden, una vez más, lejos del campo.