Ecodiario

ZACATECAS, ZAC.- Pese a las medidas cautelares y fallos a favor emitidos hace más de un mes por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, para otorgar el pago de pensiones y jubilaciones por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas  (Issstezac), a más de 20 pensionados y jubilados, su director Ignacio Sánchez González desacata sin fundamento legal dichas disposiciones y resolutivos con tácticas dilatorias que apuestan al desgaste y aceptación de sus términos, las cuales violentan los derechos de los ex trabajadores.

Esto luego de que los fallos a favor de los demandantes que promovieron amparos, juicios y demandas ante diferentes instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de la Función Pública Federal y estatal, Comisión de Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la propia Auditoria Superior del Estado, en los que se ordena al Issstezac pagar sus salarios de manera íntegra en un término de 24 horas.

De igual forma, los pensionados y jubilados quienes promovieron amparos ante el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado advierten que con las medidas cautelares que impuso el propio Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, existe un desafío preocupante de la autoridad estatal y del director del Instituto hacia los mandatos judiciales, así como el desprecio por los derechos de jubilados y pensionados en Zacatecas.

Señalaron que se le apuesta al desgaste de su lucha y la aceptación sin resistencia a los términos impuestos por parte de Gobierno del Estado, pese a que esto suponga el atropello de derechos obtenidos a lo largo de los años por la vía legal y ética de cientos de ex trabajadores.

Esto luego de asegurar que no desistirán en hacer cumplir la ley y las recientes resoluciones que se acumulan en demérito de un gobierno insensible e inhumano que a cinco meses de su arranque cuenta con un profundo rechazo social y la acumulación de querellas y sanciones legales que tendrán consecuencias graves para el propio gobierno estatal.