ZACATECAS, ZAC.- La suspensión de la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio provocó una protesta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes pidieron reconsiderar la medida y advirtieron sobre un posible paro nacional si continúan las sanciones contra juzgadores de carrera.

La jueza, adscrita al Segundo Distrito, fue notificada este miércoles alrededor de las 11:00 horas de la suspensión determinada por el Tribunal de Disciplina Judicial. Trabajadores se manifestaron frente a la sede estatal del PJF para respaldarla.

Vizcaya Zamudio concedió suspensiones provisionales en amparos relacionados con la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano.

José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la Sección 6 Zacatecas del Sindicato de Trabajadores del PJF, consideró que la medida podría ser una represalia por la oposición a la reforma judicial.

“Nos queda clarísimo a los trabajadores que esto no es más que la acción que están tomando en contra de quienes, como titulares y como trabajadores, ejercimos un papel protagónico en la defensa del Poder Judicial de la Federación en oposición a la reforma judicial”, afirmó.

El dirigente sostuvo que, según una revisión de los trabajadores, no existen quejas internas contra la trayectoria de la jueza. Planteó una evaluación pública de su desempeño y pidió al tribunal reconsiderar la suspensión.

También anunció que analizarán las suspensiones, remociones y separaciones para identificar un posible patrón vinculado con las protestas contra la reforma. No hay fecha para nuevas movilizaciones.

“Si es necesario hacer paros nacionales para la gente que quiera seguir luchando por un Poder Judicial verdaderamente autónomo e independiente, vamos a llegar a ese grado”, advirtió.

Según cifras de los trabajadores, habría alrededor de cien suspensiones y 40 separaciones de jueces en el país; durante la manifestación no presentaron documentación oficial que respaldara esos datos.

Méndez de Lira denunció además presión para aumentar las resoluciones y jornadas superiores a ocho horas. Los manifestantes exigieron pago de horas extraordinarias, descanso los fines de semana y cumplimiento de los compromisos laborales asumidos durante la implementación de la reforma.