ZACATECAS, ZAC.- Diversos juzgados federales concedieron suspensiones provisionales contra actos relacionados con el proyecto de la presa Milpillas, tras juicios de amparo promovidos por ejidos, localidades, particulares y representantes de niñas, niños y adolescentes que se oponen a la obra.

Integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco informaron que los recursos legales impugnan la autorización condicionada otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

Los amparos fueron promovidos por los ejidos El Potrero, Atotonilco, Corrales y Estancia de Guadalupe; las localidades Las Bocas y Carretas, ubicadas río abajo; particulares de La Lagunita, Atotonilco y El Potrero, además de representantes de los derechos de menores de edad.

Los inconformes argumentaron que la autorización vulnera derechos relacionados con el medio ambiente, agua, información, participación pública y decisión agraria.

“Representantes de los tres niveles de gobierno y secretarías han dicho que ‘no habrá imposición de la presa Milpillas’, que ‘si no hay consenso, no se hace’. Sin embargo, como Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco hemos denunciado cómo estos funcionarios públicos dicen una cosa, y en los hechos hacen otra cosa”, expusieron.

También denunciaron presuntos condicionamientos de servicios municipales, hostigamiento contra ejidatarios y defensores, despidos laborales y campañas de desacreditación. La oposición, señalaron, se ha expresado mediante asambleas ejidales, marchas y reuniones públicas.

El movimiento sostuvo además que la Semarnat no consideró estudios de especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que, según los inconformes, cuestionan la viabilidad técnica, ambiental, económica y social de la presa y plantean alternativas de abastecimiento.

El proyecto busca incrementar el suministro de agua hacia la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, ante la sobreexplotación de acuíferos y problemas de abasto.

Los opositores anunciaron que mantendrán las acciones legales y solicitaron al Poder Judicial conceder la suspensión definitiva y, posteriormente, resolver los amparos a favor de las poblaciones inconformes.