Ecodiario

Texto y fotos: Tanya Ortiz

ZACATECAS, ZAC.- Con la presencia de al menos una treintena de periodistas de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) impartió este sábado un taller sobre el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Comeridos Contra la Libertad de Expresión.

La ponente, Martha Berenice Vázquez González, fiscal Especializada de Derechos Humanos de la FGJEZ, de entrada reconoció que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Aclaró que cuando se registra la presunta comisión de un delito en contra de una persona dedicada al periodismo o la comunicación, las investigaciones otra esclarecer el hecho han demostrado que se requiere un enfoque especializado y diferencial para determinar si ello se derivó por el ejercicio de la libertad de expresión de la víctima o por una causa distinta.

Periodistas de prensa escrita, radio, televisión, revistas y páginas web, participaron en el taller organizado por la Fiscalía, tras el asesinato de Juan Carlos Muñiz, reportero del portal web Testigo Minero, ocurrido hace algunos días y por el que el gremio exigió la activación de dicho protocolo.

Éste, se aprobó para unificar criterios de investigación en todo el país y está integrado por directrices y políticas de actuación que permitirá agotar todas las líneas de investigación; contiene, además, un parámetro de regularidad constitucional compuesta por todas las normas en materia de derechos humanos, así la fuente sea nacional o internacional.

Recordó que hace 10 años se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para establecer la cooperación entre la Federación y los Estados para establecer y operar medidas de prevención y urgentes de protección que garanticen la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de quienes estén en riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

También en 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que, reconoce, no era muy utilizado.

El asesinato de Juan Carlos Muñiz, también conocido como "Rigo", provocó la activación de este protocolo homologado y la investigación se desarrolla como un delito relacionado con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.