ECODIARIO

ZACATECAS, ZAC.- Con el propósito de generar las condiciones para el desarrollo de marchas en el marco de respeto de los derechos humanos y de las mujeres, el Gobierno estatal implementará, el próximo sábado, el Protocolo para la Atención y Gestión de Manifestaciones y Protestas de Mujeres, que incluye la presencia de un grupo denominado “Chalecos Naranjas”, cuya función principal es abonar al diálogo y la mediación.

Este grupo de diálogo territorial, como se establece en el protocolo, que se distinguirá visualmente por el uso de chalecos naranja, está integrado por servidoras públicas voluntarias, quienes actuarán como intermediarias entre las autoridades y manifestantes y que pertenecen a las Secretarías General de Gobierno, de Mujeres, de Salud, Educación, Desarrollo Social e Instituto de la Juventud.

El protocolo y las acciones que se emprenderán se construyeron con la colaboración y apoyo del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El grupo de chalecos naranjas no tiene funciones coercitivas ni de intervención policial; su papel es preventivo, mediador y orientador. Su principal objetivo es reducir la posibilidad de confrontaciones y garantizar que la protesta se desarrolle con el mayor respeto a los derechos de todas las personas involucradas, de manera pacífica y sin represalias.

Su función principal es garantizar que la protesta social se desarrolle dentro del marco de los derechos humanos, facilitando la comunicación, la gestión de demandas y la atención a eventuales incidentes, así como la promoción del respeto a los derechos de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, el grupo de chalecos naranjas, estará conformado por personas capacitadas en derechos humanos, perspectiva de género, métodos de concertación política y mediación de conflictos.

Este modelo de gestión, basado en buenas prácticas a nivel nacional, como la creación del Grupo de Diálogo y Convivencia en la Ciudad de México desde 2019, no solo contribuye a reducir el uso de la fuerza y evitar conflictos innecesarios, sino que fortalece la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, consolidando un modelo de atención que prioriza el respeto a los derechos humanos.

Además de que garantizará que las acciones estatales y municipales sean acordes a los principios de no criminalización, no represión y perspectiva de género, evitando cualquier acción que limite el derecho a la protesta de manera injustificada.