CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, por su posible participación en los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, relacionados con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó la vinculación a proceso del exmandatario. La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica del imputado se resolverá posteriormente.

La autoridad judicial impuso a Ángel “N” la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento.

De acuerdo con la investigación, la FGR cuenta con datos de prueba sobre la posible participación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

La Fiscalía señaló que la instrucción para ocultar dichas evidencias habría sido emitida directamente por el entonces gobernador, con la presunta participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Entre los elementos investigados se encuentra el ocultamiento de grabaciones relacionadas con el caso.

La FGR sostuvo que esta acción no habría sido un hecho aislado ni una omisión técnica, sino una operación deliberada en la que presuntamente participaron integrantes del Poder Ejecutivo estatal.

Las nuevas líneas surgieron a partir de un reanálisis de las actuaciones existentes, realizado por la FGR en coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). A estos trabajos se sumará el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).

En términos del artículo 13 del CNPP, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.