ZACATECAS, ZAC.-.-La conducción de la política interior, los resultados en materia de seguridad, la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a los conflictos sociales concentraron los cuestionamientos de los diputados durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, con la que inició la glosa del Quinto Informe del gobernador David Monreal Ávila.

La sesión se realizó el 30 de septiembre ante integrantes de la LXV Legislatura, como parte del ejercicio de rendición de cuentas que se desarrollará hasta el próximo 15 de octubre. Bajo el formato aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el funcionario presentó un mensaje inicial y posteriormente respondió a las preguntas de las distintas fuerzas parlamentarias.

En su intervención, Reyes Mugüerza sostuvo que la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se ha fortalecido y afirmó que las comparecencias se han convertido en espacios de “diálogo y debate constructivo”.

El secretario señaló que, desde 2021, la administración estatal ha concentrado sus esfuerzos en dos objetivos: avanzar en la pacificación y sanear las finanzas públicas. También reconoció que esta será la última comparecencia antes del inicio del proceso electoral de 2027, por lo que llamó a mantener la objetividad en el análisis de los resultados gubernamentales.

Búsqueda de personas y seguridad, entre los temas centrales

Uno de los principales ejes de la discusión fue la desaparición de personas. El funcionario informó que, entre 2021 y 2026, los registros de desapariciones disminuyeron cerca de 55%, al pasar de mil 196 a 535 en lo que va del año. Asimismo, reportó la localización de 2 mil 761 personas durante los cinco años de la administración y un incremento de aproximadamente 800% en las acciones de búsqueda, de 101 en 2021 a 905 en 2026.

Añadió que el subsidio federal destinado a la Comisión Local de Búsqueda pasó de cerca de 19 millones de pesos en 2022 a 35 millones en 2026, un aumento aproximado de 84%.

El diputado Pedro Martínez Flores solicitó precisar cuántas personas desaparecidas han sido localizadas con vida, cuántas sin vida y cuál es el rezago actual. Jesús Eduardo Badillo Méndez, por su parte, preguntó qué protocolos protegen a las madres buscadoras y quién responde por su seguridad.

En este rubro, Reyes Mugüerza destacó que el 17 de septiembre la Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas del Estado, que contempla un fondo estatal obligatorio y áreas especializadas municipales.

En materia de seguridad, el funcionario afirmó que los homicidios intencionales disminuyeron 96% respecto de 2021, cuando se registraron mil 741 casos. Atribuyó el resultado a la coordinación entre corporaciones y órdenes de gobierno, así como a una inversión superior a 17 mil millones de pesos durante cinco años.

Sin embargo, legisladores de distintas bancadas pidieron contrastar las cifras oficiales con la percepción ciudadana, explicar los cambios en las versiones sobre hechos violentos y precisar las acciones ante el uso de explosivos por grupos criminales, particularmente después de los acontecimientos registrados en Ojocaliente.

PT denuncia confrontación con sectores sociales

La conducción política de la dependencia fue cuestionada por la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, del Partido del Trabajo (PT), quien sostuvo que la gobernabilidad no debe medirse por el número de reuniones, sino por la capacidad de prevenir conflictos y construir acuerdos.

La legisladora recordó las movilizaciones del 8 de marzo de 2024, las protestas de colectivos de búsqueda en septiembre de 2025 y las manifestaciones de productores agrícolas, estudiantes, docentes y activistas durante 2026.

“Una madre buscadora no es una amenaza para el Estado. Una feminista tampoco. Un estudiante, periodista, campesino, académico o activista no se convierte, por disentir, en enemigo del Gobierno”, expresó.

También solicitó aclarar el origen de las listas de personas consideradas “no gratas” o “problemáticas”, en las que presuntamente aparecieron periodistas, activistas y familiares de desaparecidos. Además, pidió precisar cuántas de las mil 627 acciones de gobernabilidad reportadas en el informe concluyeron en acuerdos verificables.

Otros legisladores abordaron el desplazamiento forzado. José David González Hernández pidió detallar las medidas para atender a las familias afectadas y cuestionó la aplicación de la legislación estatal, así como las condiciones de las carreteras y las fallas de telecomunicaciones en su región.

Víctimas, protección civil y transporte

En atención a víctimas, el secretario reportó un incremento cercano a 170% en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral durante cinco años. Informó que se han otorgado alrededor de mil 500 apoyos económicos, brindado cerca de 27 mil asesorías jurídicas y proporcionado mil 100 servicios de atención psicológica.

Sobre Protección Civil, presentó cifras de 7 mil 200 emergencias atendidas, más de 397 incendios forestales combatidos y 198 evaluaciones iniciales de riesgo en viviendas de Ojocaliente tras los acontecimientos recientes.

En transporte público, informó que se han otorgado 164 de las 334 concesiones convocadas en septiembre de 2024 y destinado 32 millones de pesos a subsidios para modernizar taxis y apoyar a nuevos concesionarios.

La sesión también incluyó preguntas sobre maltrato animal, violencia de género, protección de mujeres buscadoras, coordinación con policías municipales y preparación para las elecciones de 2027.

Al cierre de su posicionamiento, Reyes Mugüerza reconoció que a la administración le resta un año de trabajo y llamó a mantener el ritmo hasta el final. “Los cargos son efímeros y los gobiernos van y vienen, pero Zacatecas siempre, siempre permanece”, expresó.

La glosa continuará hasta el 15 de octubre, periodo en el que las y los titulares de las dependencias estatales deberán exponer sus resultados ante el Congreso. El ejercicio permitirá contrastar las cifras del Ejecutivo con los cuestionamientos legislativos sobre los pendientes de la administración.

Por su parte el l diputado morenista Santos González Huerta consideró que el análisis del Quinto Informe permitirá revisar los resultados de las distintas áreas de la administración estatal y los pendientes para el último año de gobierno. Sostuvo que Zacatecas atraviesa un cambio en la visión de gobierno, con énfasis en la pacificación, el bienestar social y el saneamiento financiero.

Entre los indicadores que destacó se encuentran una reducción acumulada de alrededor de 91% en homicidios dolosos, una inversión superior a 17 mil millones de pesos en seguridad y justicia, el incremento de 113% en los ingresos propios y la salida de más de 140 mil zacatecanas y zacatecanos de la pobreza extrema, cifras atribuidas al Quinto Informe.

“Hay un antes y un después. David Monreal recibió un estado profundamente lastimado y tomó decisiones para recuperar la paz, ordenar las finanzas y dirigir los recursos públicos hacia las necesidades de la gente”, afirmó el legislador, quien también reconoció la labor de Rodrigo Reyes Mugüerza al frente de la Secretaría General de Gobierno.

Añadió que el último año de la administración deberá enfocarse en consolidar los resultados, atender los asuntos pendientes y fortalecer la coordinación con el Gobierno de México.

Su posicionamiento se sumó a la discusión legislativa sobre los avances y retos de la gestión estatal, en una comparecencia en la que también se plantearon cuestionamientos sobre seguridad, desapariciones, atención a víctimas y manejo de los conflictos sociales.