ZACATECAS, ZAC.- Fortalecer la rendición de cuentas, coordinar las obligaciones de transparencia y promover el acceso ciudadano a la información pública son los principales objetivos de la instalación del Subsistema de Transparencia del Estado de Zacatecas, programada para este jueves 24 de septiembre en el Centro Platero de la capital. El encuentro reunirá a las 10 autoridades garantes estatales y representantes de los 58 ayuntamientos, informó Miguel Ángel Ovalle Flores, titular de Transparencia para el Pueblo.

En entrevista, el funcionario explicó que la instalación y primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia del Estado se realizarán en cumplimiento de lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El propósito -adelantó- es establecer mecanismos de coordinación para supervisar la aplicación de las obligaciones legales y fomentar una cultura de transparencia proactiva.

El subsistema estará integrado por 10 autoridades garantes, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado, la Legislatura, el Poder Judicial, los tribunales estatales y la Universidad Autónoma de Zacatecas. También participarán representantes de los 58 municipios, a través de sus órganos internos de control.

Ovalle Flores detalló que Transparencia para el Pueblo tiene bajo su responsabilidad la verificación de 143 sujetos obligados, por lo que uno de los retos principales será consolidar la coordinación con las instituciones y ayuntamientos que deben cumplir con las disposiciones de transparencia.

Explicó que durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Transparencia, celebrada el 28 de agosto en la Ciudad de México, se autorizó que los subsistemas pudieran emitir lineamientos para atender obligaciones específicas que presenten diferencias respecto a la Ley General de Transparencia.

El funcionario reconoció que la transición al nuevo modelo ha sido compleja, debido a que las autoridades garantes asumieron funciones que anteriormente no tenían. Ahora deben atender recursos de revisión, denuncias y quejas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de transparencia dentro de sus respectivos ámbitos.

“Lo que cambió es el modelo, pero actualmente sigue existiendo incluso la posibilidad de sancionar aquellos sujetos obligados que no cumplan con lo que les establece la ley en materia de transparencia”, afirmó.

Asimismo, señaló que algunos ayuntamientos mantienen la percepción de que la desaparición del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) significó el fin de sus responsabilidades, lo cual calificó como falso, debido a que el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales continúan vigentes.

En este contexto, informó que 18 ayuntamientos no han atendido ninguno de los requerimientos realizados por la autoridad garante, relacionados con el nombramiento de titulares de las unidades de transparencia y la entrega de tablas de aplicabilidad. El resto de los municipios, indicó, ya ha establecido contacto con el organismo.

Respecto a los procedimientos pendientes, Ovalle Flores señaló que existen cerca de 400 medios de impugnación por sustanciar. Agregó que aproximadamente 70 por ciento de las quejas por entrega de información incompleta corresponde a los ayuntamientos, que concentran la mayor cantidad de recursos de revisión.

Los plazos para la sustanciación de los recursos se reanudaron el 3 de septiembre, tras concluir el proceso de acreditación de las autoridades garantes ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la Federación.

El funcionario señaló que como parte de las acciones posteriores a la instalación, Transparencia para el Pueblo realizará verificaciones de oficio y aleatorias para revisar que los sujetos obligados publiquen su información trimestral conforme a la ley. El objetivo será obtener un diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento.

Finalmente, el titular informó que el organismo inició 2026 con menos de un millón de pesos de presupuesto, frente a los más de 23 millones de pesos que tuvo el organismo anterior en su último ejercicio. Para 2027, planteó la posibilidad de ampliar los recursos humanos y financieros, con una plantilla estimada de entre 10 y 12 personas, para atender las obligaciones legales y reducir el rezago existente.