CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Amalia García Medina reconoció la determinación de la Colectiva Nacional Sorora de crear una comisión especial para trabajar, desde la sociedad civil y en coordinación con el Estado mexicano, en la prevención, combate y erradicación de la trata de personas, delito que calificó como una grave violación a los derechos humanos y una práctica inadmisible en pleno siglo XXI, que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.

El pasado viernes 7 de agosto de 2026, la Colectiva Nacional SORORA instaló su Comisión contra la Trata y Formas de Explotación de Personas, en un acto realizado en el Senado de la República. La Comisión reunirá experiencia jurídica, legislativa, académica y social para impulsar prevención, protección a víctimas y propuestas de política pública frente a este delito.

Al acto asistieron la presidenta nacional de SORORA, Claudia Corichi García; la Senadora Amalia García Medina, integrante de la Directiva Nacional; la presidenta de la nueva Comisión, María Teresa Paredes Hernández; y representantes del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Su instalación responde a la necesidad de fortalecer la coordinación entre sociedad civil, instituciones y sectores estratégicos frente a un delito que vulnera la libertad, la dignidad y los derechos humanos, y afecta particularmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.

La Senadora Amalia García Medina, quien dio el mensaje de bienvenida al acto, calificó a la trata como "un delito de lesa humanidad" y subrayó que representa una de las expresiones de violencia más graves del siglo XXI. García Medina subrayó que, pese a los avances del marco jurídico nacional e internacional, la trata continúa afectando principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes; además de presentarse en ámbitos como el trabajo forzado y el abuso contra personas migrantes, por lo que destacó la importancia de fortalecer las acciones preventivas y la coordinación entre autoridades y el sector privado.

Como parte del programa, la periodista Graciela Machuca Martínez impartió la conferencia magistral "La trata de personas, conductora pluriofensiva de derechos humanos", en la que advirtió que el debate público suele centrarse en la explotación sexual y dejar de lado otras modalidades igual de graves, como la servidumbre por deudas y la mendicidad forzada, presentes en sectores como la industria maquiladora, la construcción y el trabajo agrícola.

Al rendir protesta frente a colectivas de diversos estados de la República, la Presidenta de la Comisión, María Teresa Paredes Hernández, presentó su plan de trabajo basado en cuatro ejes —prevención del delito, protección a la víctima, persecución del delito y políticas públicas eficientes— y llamó a actualizar el marco jurídico mexicano frente a nuevas modalidades de explotación, además de anunciar acompañamiento y defensa legal pro bono para las víctimas.

Al clausurar el acto, Claudia Corichi García, Líder Nacional de SORORA, expuso la magnitud del problema. Informó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de 2026 se identificaron 447 víctimas de trata en México, concentradas principalmente en Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México, y advirtió que la cifra real es mayor, pues el miedo y las amenazas contra las víctimas inhiben la denuncia. Citó además estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales el trabajo forzoso genera 236 mil millones de dólares en ganancias ilícitas cada año en el mundo.

En el mismo acto participaron la Notaria Ana Lilia Porras Figueroa, en representación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano; la Exfiscal Adriana Campos López, especializada en Asuntos Internos de la FGR; la Doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, presidenta de la Comisión Académica de SORORA; y el Magistrado Gonzalo Espina Miranda, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quienes coincidieron en fortalecer la educación, la participación ciudadana y las investigaciones con perspectiva de género.