ZACATECAS, ZAC.- El conflicto por la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano está a punto de trasladarse de las canchas a los tribunales federales. El abogado Darío del Real Campos, del despacho Del Real & Asociados, informó que se prepara un amparo contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al considerar que existen posibles omisiones de autoridades para exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos para modificar el sistema de competencia.

La estrategia legal no se limita a defender el derecho de los clubes a buscar un lugar en la Primera División. El planteamiento pretende acreditar que la eliminación del ascenso y descenso puede generar afectaciones que trascienden el ámbito deportivo y alcanzan a aficionados, futbolistas, trabajadores, familias, empresarios y ciudades completas.

De acuerdo con Del Real Campos, el argumento jurídico contempla posibles violaciones a derechos previstos en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17 y 28 de la Constitución, relacionados con igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, cultura física y deporte, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y libre competencia.

“Si la operación de eliminación del ascenso y descenso no se hizo de manera correcta, estamos frente a una posible ilegalidad e inconstitucionalidad”, sostuvo el litigante.

El abogado explicó que uno de los puntos centrales será revisar de manera exhaustiva los requisitos que establece la propia Federación para que los clubes puedan ser certificados y competir en la máxima categoría, así como determinar si existen equipos que actualmente cumplen con las condiciones necesarias para aspirar al ascenso.

Del Real Campos sostuvo que el ascenso de Mineros no solamente representaría un logro deportivo, sino una oportunidad para generar actividad económica y turística en el estado mediante partidos de mayor convocatoria, inversión, empleos, consumo local y nuevos negocios vinculados al espectáculo deportivo.

Puso como ejemplo un eventual encuentro entre Mineros y un club de alta convocatoria como América, escenario que, desde su perspectiva, podría incrementar significativamente el flujo de visitantes y la derrama económica en Zacatecas.

“Las ciudades donde tienen ascenso nos afecta el tema de la prevención del delito, el turismo deportivo, la industria económica, los empleos, las familias que dependen de los clubes y los socios comerciales”, afirmó.

El planteamiento también incorpora el impacto social de las escuelas de futbol y de las categorías juveniles. Para el abogado, mantener abiertas las posibilidades de competencia y crecimiento deportivo representa oportunidades para niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer actividades que pueden contribuir a prevenir conductas delictivas.

Por ello, la defensa del ascenso es presentada como una lucha que va más allá de los intereses particulares de los propietarios de los equipos y que busca preservar la llamada “meritocracia deportiva”.

El movimiento legal se encuentra en etapa de integración y, según informó el litigante, ya se han recabado firmas de aficionados de 18 estados del país.

La participación ha surgido principalmente de seguidores de equipos de la Liga de Expansión, quienes han manifestado su interés en impulsar recursos ante juzgados federales y constitucionales de distintas entidades.

En Zacatecas, aseguró, la respuesta de los aficionados ha sido positiva y también existe interés de empresarios que identifican en un eventual ascenso de Mineros una posibilidad de crecimiento económico para el estado.

La acción promovida por los aficionados sería independiente de cualquier procedimiento que pudieran iniciar los propietarios de los clubes, incluidos los responsables de Mineros de Zacatecas.

El abogado calificó el caso como inédito, debido a que una controversia de estas características, relacionada directamente con el sistema de ascenso y descenso del futbol mexicano, no había sido llevada anteriormente ante tribunales federales.

El siguiente paso será presentar el recurso y esperar que un tribunal federal determine si lo admite, previene a los promoventes para realizar alguna modificación o, en su caso, lo desecha.

Del Real Campos estimó que esa primera respuesta podría conocerse entre cinco y diez días después de la presentación correspondiente.

“Es un tema muy novedoso. Estamos listos para el proceso y estamos esperando; si la eliminación del ascenso y descenso se hizo de manera incorrecta, hay una posible ilegalidad e inconstitucionalidad”, señaló.

El litigio también podría abrir la puerta a una discusión más amplia en el Congreso de la Unión, donde los impulsores de la iniciativa plantean la posibilidad de revisar o reformar disposiciones relacionadas con la estructura del futbol profesional mexicano.

Mientras el expediente llega a los tribunales, la disputa por el ascenso deja de ser exclusivamente una discusión entre directivos y propietarios de clubes. En Zacatecas, la defensa de la posibilidad de que Mineros llegue a la máxima categoría comienza a plantearse como un asunto con implicaciones económicas, sociales, laborales y jurídicas.

La respuesta de los tribunales será el primer filtro para determinar si esta batalla puede convertirse en un precedente nacional sobre la forma en que se organiza y regula el futbol profesional en México.