Ecodiario

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía (SE), informó que ha recibido la solicitud para el inicio de Consultas por parte de Estados Unidos con relación a su política energética, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 del T-MEC, por lo que manifestó su disposición para lograr dar solución al tema.

"El gobierno de México externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas. La Secretaría de Economía, de acuerdo con el marco legal vigente, es la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano", afirmó.

Esto luego de que la representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que solicitaron formalmente consultas de resolución de disputas contra México bajo el T-MEC, derivado de ciertas medidas por parte del gobierno mexicano que socavan a las empresas estadounidenses en el sector energético, y que están en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos bajo el T-MEC. Estos cambios de política afectan los intereses económicos de EU en múltiples sectores, y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable”, aseveró Tai.

En un documento emitido por la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR), Tai manifestó que han “tratado de trabajar” de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar las preocupaciones, “pero lamentablemente, las empresas estadunidenses continúan enfrentando un trato injusto en México. Buscaremos trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas, resolver las preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte”.

Expuso que las acciones de México incluyen entre otras, enmiendas a la ley de electricidad que priorizarían la distribución de energía generada por CFE, sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar; también incluyen los retrasos, denegaciones y revocaciones por parte de México de las capacidades de las empresas estadunidenses para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a proyectos de energía renovable.