ZACATECAS, ZAC.- La tipificación de las desapariciones como “ausencias voluntarias” sigue siendo una forma de minimizar y ocultar la gravedad del delito de desaparición forzada en Zacatecas, denunciaron familias y colectivos de búsqueda. Aseguran que esta práctica revictimiza a quienes buscan a sus seres queridos y diluye la responsabilidad de las autoridades.

Elizabeth Araiza Hernández, representante del colectivo Las Escarabajo en Zacatecas, señaló que aunque el delito de desaparición forzada cometida por particulares fue tipificado recientemente en la entidad, hace apenas siete u ocho años, aún existen grandes rezagos en su correcta aplicación. “Faltan muchísimas actualizaciones a la ley y, sobre todo, que ministerios públicos y jueces se pongan al corriente con estas adecuaciones”, expresó.

Desde la experiencia de las familias buscadoras, Araiza Hernández subrayó que las desapariciones no son voluntarias, aunque en algunos casos así se pretenda clasificar. “Mi hermano salió de su casa a realizar un trabajo; era mecánico. Recibió una llamada, salió y jamás volvió. No se puede decir que fue una ausencia voluntaria solo porque salió por su propio pie. Fuera de su domicilio no sabemos qué pasó: pudo haber sido detenido, privado de la libertad o desaparecido”, relató.

Reconoció que existen casos en los que jóvenes se ausentan temporalmente por causas ajenas a un delito, como la pérdida del teléfono o la falta de comunicación; sin embargo, advirtió que el contexto de violencia que vive Zacatecas obliga a actuar con inmediatez y seriedad ante cualquier reporte. “Lo preocupante es que al llamarles ‘ausencias’ se les resta importancia y se simplifica un delito gravísimo”, afirmó.

De acuerdo con los colectivos, Zacatecas registra cerca de cuatro mil personas desaparecidas, una cifra alarmante para un estado con una población menor en comparación con otras entidades. Además, advirtieron sobre la existencia de una “cifra negra”, ya que muchas familias no denuncian por miedo, amenazas o desconocimiento del proceso legal.

Araiza Hernández explicó que una de las estrategias que más lastima a las familias es la reclasificación de los casos: desapariciones que se tipifican como secuestros y permanecen años en áreas antisecuestro, o casos que nunca ingresan al registro oficial de personas desaparecidas. “Es cambiarles el nombre para desaparecerlos otra vez”, lamentó.

En cuanto a los registros genéticos, señaló que durante años muchos cuerpos permanecieron sin identificar en el Servicio Médico Forense debido a la falta de muestras de ADN de familiares. Aunque reconoció esfuerzos recientes de la Comisión de Búsqueda del Estado y apoyos federales para obtener estas muestras, destacó que sin una denuncia formal no existe una orden para tomar el ADN, lo que imposibilita la identificación.

“Hace falta mucha concientización social. Las familias no saben qué hacer cuando desaparece un familiar: cómo denunciar, cómo integrar la carpeta, qué es el formato ante mortem o qué información deben aportar. Muchas esperan a que la fiscalía las llame, y eso casi nunca pasa”, explicó.

Finalmente, la representante de Las Escarabajo informó que se trabaja en la actualización de las fichas de búsqueda colocadas en la explanada del Congreso del Estado, ya que muchas fotografías se encuentran deterioradas. “Nuestra lucha es seguir buscando, hacer memoria y dar voz a quienes ya no están”, concluyó.