CIUDAD DE MÉXICO.- Geovanna Bañuelos solicitó a la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, diseñar e implementar una estrategia nacional de prevención y atención inmediata a la violencia intrafamiliar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta Parlamentaria, advirtió que la intensidad de los eventos deportivos puede derivar en conflictos familiares, por lo que planteó la necesidad de mecanismos de actuación oportuna, coordinación institucional y seguimiento que garanticen la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

El documento señala que el fútbol en México mantiene dinámicas con predominio masculino, en las que persisten estereotipos de género y conductas que pueden normalizar la violencia y la discriminación hacia mujeres y disidencias.

Bañuelos expuso que la Copa Mundial de 2026, con 104 partidos programados, podría incrementar riesgos de violencia intrafamiliar durante reuniones en hogares, donde la reacción a jugadas, decisiones arbitrales o resultados puede derivar en gritos, insultos, daños materiales o agresiones.

Indicó que el consumo de alcohol u otras sustancias puede intensificar estas conductas, afectando principalmente al entorno familiar.

Como referencia, citó un estudio del Centro Nacional de Violencia Doméstica de Inglaterra, el cual reportó un aumento del 25 por ciento en agresiones durante el Mundial de 2010. En México, en Nuevo León, se registran en promedio 510 reportes de violencia familiar en fines de semana, cifra que puede duplicarse cuando hay partidos de fútbol, según datos expuestos por el gobernador Samuel García Sepúlveda.

También se mencionan testimonios recopilados por la Red Nacional de Refugios, donde víctimas relacionan agresiones con eventos deportivos, incluso en casos extremos.

La legisladora señaló que esta problemática requiere respuestas institucionales preventivas y acciones coordinadas que prioricen la protección de las víctimas y eviten la escalada de violencia.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la intervención de primeros respondientes y dar seguimiento efectivo a medidas de protección, con el objetivo de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.