CIUDAD DE MÉXICO.- Poder Ciudadano pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizar de fondo las impugnaciones contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE), ante modificaciones en los procedimientos para integrar las mesas directivas de casilla. El INE aprobó la estrategia el 31 de agosto e informó que incluye innovaciones en los procesos de capacitación e integración de casillas.

El pronunciamiento se realizó ante un proyecto relacionado con los expedientes SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 acumulados, que, según Poder Ciudadano, propone desechar demandas de organizaciones civiles por falta de interés jurídico. El registro público del TEPJF confirma que los expedientes SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 impugnan el acuerdo INE/CG489/2026.

“No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable a nuestra posición. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo de las modificaciones y determine si conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad que requiere una elección nacional. La participación ciudadana no debería limitarse al día de la votación; también debe poder vigilar las reglas con las que se organiza el proceso”, señaló Gaby Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano.

Entre los cambios cuestionados por la organización está la reducción de ocho días en los periodos de capacitación: tres en la primera etapa y cinco en la segunda. Esta reducción fue presentada por el INE como una de las innovaciones de la estrategia.

Poder Ciudadano también señaló la sustitución del mínimo de revisitas y del referente de dos personas aptas por funcionario requerido por un “número óptimo” basado en datos históricos, así como cambios para incorporar secciones con estrategia diferenciada nivel 2.

La organización cuestionó además la sustitución de la compulsa institucional con bases de datos para verificar impedimentos de servidores públicos por una declaración bajo protesta de decir verdad, así como la eliminación del inicio automático de un procedimiento sancionador cuando aspirantes a supervisores o capacitadores aparezcan en el padrón de un partido y desconozcan esa afiliación.

Otro cambio es la ponderación para seleccionar supervisores y capacitadores: el examen pasó de 60 a 50 por ciento de la calificación y la entrevista aumentó de 40 a 50 por ciento.

Poder Ciudadano sostuvo que estos cambios deben someterse a una revisión jurisdiccional para determinar sus efectos en la capacitación y conformación de las casillas.