ZACATECAS, ZAC.- La diputada local Ruth Calderón Babún presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE) la revisión de diversos contratos y procesos de contratación realizados por el Ayuntamiento de Zacatecas desde septiembre de 2024 a la fecha.

La propuesta plantea fiscalizar los contratos relacionados con el arrendamiento y mantenimiento del parque vehicular municipal, así como las contrataciones de personal de nómina y por honorarios, con el objetivo de verificar el uso de recursos públicos y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

De acuerdo con la legisladora, información pública señala que el municipio celebró un contrato para el arrendamiento de 62 vehículos por un monto superior a los 70 millones de pesos, además de otro contrato para servicios de mantenimiento preventivo y correctivo por más de 33 millones de pesos. En conjunto, ambos compromisos representan recursos cercanos a los 104.5 millones de pesos.

“Las y los ciudadanos tienen derecho a conocer con claridad cómo se ejercen los recursos públicos. Este exhorto no prejuzga responsabilidades ni adelanta conclusiones; únicamente busca que la autoridad competente realice una revisión técnica, objetiva y exhaustiva”, expresó.

La iniciativa propone que la ASE revise aspectos como los estudios de mercado, la suficiencia presupuestal, las actas del Cabildo y del Comité de Adquisiciones, la razonabilidad de los precios contratados, la documentación que respalda los pagos realizados y la existencia y utilización de las unidades arrendadas.

Asimismo, plantea una revisión de las altas y bajas de personal, así como de las contrataciones por honorarios, para verificar que cuenten con la documentación correspondiente y que las funciones desempeñadas respondan a necesidades operativas y administrativas del Ayuntamiento.

La propuesta también contempla analizar aquellos casos que, por sus características, pudieran representar posibles conflictos de interés.

Calderón Babún señaló que la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos son elementos necesarios para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

“La ciudadanía merece respuestas claras, información verificable y la certeza de que los recursos públicos se administran con responsabilidad y en beneficio de todas y todos”, concluyó.