Ecodiario

CIUDAD DE MÉXICO.- Para garantizar el acceso integral a la salud de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso modificar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que las reclusas cuenten con atención médica de calidad.

En el documento que fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se señala que de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 154 personas, de las cuales 11 mil 724 son mujeres.

Geovanna Bañuelos, coordinadora del GPPT menciona que desafortunadamente en 2020 los centros penitenciarios federales y estatales registraron 5 mil 890 quejas, el 31 por ciento de éstas relativas a la atención médica. “Sin embargo, esta cifra puede aumentar, pues en muchos de los centros penitenciarios no existen registros acerca de denuncias y/o quejas”.

Por ello, explica que su propuesta busca incorporar como derecho de las mujeres privadas de su libertad su acceso a la atención médica a través de y la realización de jornadas de salud cada dos meses en los centros penitenciarios.

Además, propone incluir en la lista de suministros que se deben proveer en los centros penitenciarios que las reclusas cuenten con agua corriente salubre, aceptable, asequible, ininterrumpida, así como productos de gestión menstrual y artículos de aseo e higiene personal.

Asimismo, se plantea que la autoridad penitenciaria deberá capacitar de manera continua al personal médico, de seguridad y custodia de los establecimientos penitenciarios desde un enfoque de género y de derechos humanos.