ZACATECAS, ZAC.- El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, planteó la necesidad de revisar el marco legal que regula los centros de rehabilitación, luego de detectar casos de personas internadas contra su voluntad durante las intervenciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

El titular de la FGJEZ explicó que en diversos operativos se han identificado personas privadas de la libertad sin haber otorgado su consentimiento, situación que, dijo, evidencia la necesidad de establecer reglas más claras para prevenir abusos y garantizar el respeto a los derechos humanos.

"Es necesario llevar a cabo un análisis respecto a los particulares cuando ejercen este tipo de malos tratos", afirmó Camacho Osnaya al referirse a las dificultades legales para sancionar conductas cometidas dentro de estos establecimientos.

Como ejemplo, recordó la intervención reciente en un centro de rehabilitación donde tres personas fueron puestas a disposición de un juez por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la operación del lugar. Sin embargo, el órgano jurisdiccional determinó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación, al considerar que el ingreso de la persona había sido solicitado por un familiar y que las acciones señaladas formaban parte de las funciones del centro.

El fiscal señaló que este tipo de resoluciones pone de manifiesto vacíos en la legislación vigente, ya que delitos como la tortura están previstos principalmente para conductas cometidas por servidores públicos y no por particulares.

Durante 2025, la FGJEZ ha intervenido 19 centros de rehabilitación como parte de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. En esos operativos se localizaron personas con fichas de búsqueda activas e incluso individuos que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

"Los resultados demuestran la importancia de supervisar este tipo de establecimientos y verificar que operen dentro del marco legal", destacó.

Camacho Osnaya consideró necesario impulsar una discusión de alcance nacional para definir con mayor precisión qué conductas constituyen abusos, malos tratos o restricciones indebidas de la libertad en los centros de rehabilitación, además de fortalecer la coordinación con las autoridades de salud.